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Convivimos históricamente con terremotos, inundaciones, aluviones, incendios y sequías. Hoy, el cambio climático ha intensificado su frecuencia e impacto, como lo reiteran las recientes lluvias que afectaron desde Los Ríos hasta Atacama.
Tras cada desastre, la discusión se concentra en la respuesta a la emergencia y la reconstrucción. Sin embargo, hablamos mucho menos de prevención y de las necesarias capacidades de las comunidades, especialmente las rurales, para anticipar los riesgos y responder de manera organizada.
En Chile hemos avanzado en esa dirección. La creación de Senapred y el fortalecimiento de la institucionalidad han impulsado una gestión del riesgo con mayor énfasis en la prevención. Aun así, persisten brechas importantes, especialmente en comunas rurales con altos índices de pobreza, donde el aislamiento y las limitadas capacidades institucionales dificultan anticipar y enfrentar las emergencias.
Una expresión de ello: 119 municipios (más del 34%) del país, mayoritariamente rurales, aún no cuentan con Planes Comunales para la Reducción del Riesgo de Desastres, principalmente por limitaciones técnicas y de recursos.
En las regiones mayormente afectadas por las últimas lluvias la situación es aún más crítica: en Atacama un 88% de sus comunas no cuenta con dicho plan, en Coquimbo un 73% y en Valparaíso un 52%.
En esos territorios, con brechas en pobreza y conectividad, entre otras, las comunidades y los municipios cumplen un rol irreemplazable. Durante las lluvias de los últimos días, un vecino de Punitaqui rescató con su camión tolva a otro habitante aislado cuando los vehículos de emergencia aún no podían acceder.
Ese vecino se suma a múltiples episodios similares que nos han acompañado estos días. En muchos sectores rurales, la primera respuesta proviene de la propia comunidad y la primera articulación institucional, de los municipios.
Pero esa capacidad no surge espontáneamente. Debe habilitarse y construirse a partir de organizaciones activas, del conocimiento del territorio y de la confianza entre comunidades y gobiernos locales.
En las zonas rurales somos testigos, a través de Servicio País, de cómo esa relación cotidiana con el entorno permite reconocer riesgos, anticipar amenazas y organizar respuestas colectivas. Fortalecer esos vínculos, dotar de mecanismos, herramientas y buenas inversiones es robustecer la capacidad de los territorios para enfrentar las emergencias.
La infraestructura más efectiva frente a un desastre no está solo en los sistemas de alerta o las obras de mitigación, sino también en la acción local, colaborativa y complementaria a la acción fundamental del Estado a nivel regional y nacional.
Pero esta capacidad a nivel local no puede sostenerse cada vez en la voluntad de sus habitantes, requiere inversión, habilitación y reconocimiento, lo contrario nos muestra a Chile desconectado, aislado y dolorosamente siniestrado.
