Las últimas cifras sobre seguridad ciudadana entregan señales alentadoras para la Región de Aysén en el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico. Es una buena noticia que debemos valorar. Sin embargo, existe otra realidad que, por su gravedad y sus consecuencias, no puede quedar relegada a un segundo plano: las altas tasas de violencia intrafamiliar y de delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, una herida profunda que interpela a toda nuestra sociedad.
Cuando un hogar deja de ser un espacio de protección para transformarse en un lugar de violencia, el daño no afecta únicamente a las víctimas directas. Se debilita el tejido social, se fractura la confianza entre las personas y se compromete el futuro de generaciones completas. Por ello, enfrentar esta realidad no es solo una tarea policial o judicial; constituye un deber moral, político y legislativo.
La violencia intrafamiliar y los abusos sexuales contra menores son fenómenos complejos y multicausales. En una región como Aysén, donde extensos territorios rurales, el aislamiento geográfico y la dispersión poblacional dificultan el acceso a redes de apoyo y a servicios especializados, estos factores adquieren una dimensión aún más crítica.
Pero sería insuficiente limitar el análisis únicamente a las condiciones territoriales. También debemos reconocer que vivimos una profunda crisis de convivencia, donde valores esenciales como el respeto, la responsabilidad, la autoridad legítima y el compromiso con la familia han ido perdiendo espacio frente a una cultura de la indiferencia y la relativización de los deberes recíprocos.
No se trata de idealizar el pasado ni de desconocer los cambios sociales que ha experimentado nuestro país. Se trata de comprender que ninguna sociedad puede aspirar a un desarrollo auténtico cuando normaliza la violencia dentro de los hogares o cuando miles de niños crecen expuestos al miedo, al abandono o al abuso. La protección de la infancia y el fortalecimiento de la familia deben ser políticas de Estado, sostenidas en el tiempo y respaldadas por amplios acuerdos políticos.
Como parlamentarios tenemos una responsabilidad que va mucho más allá de reaccionar frente a las cifras. Debemos impulsar leyes que fortalezcan la prevención, mejoren la protección efectiva de las víctimas, entreguen mayores herramientas a las instituciones encargadas de perseguir estos delitos y aseguren que el Estado llegue oportunamente a los sectores más apartados del país. El principio protector que inspira nuestro ordenamiento jurídico debe traducirse en acciones concretas y eficaces para quienes más lo necesitan.
Pero ninguna legislación será suficiente si no va acompañada de un compromiso decidido de la comunidad. Las juntas de vecinos, las organizaciones sociales, las fundaciones, las iglesias, los establecimientos educacionales y tantas otras instituciones cumplen un rol insustituible en la reconstrucción del tejido social. La prevención comienza mucho antes de que intervengan los tribunales; comienza en el barrio, en la escuela y, principalmente, al interior de cada familia.
Chile necesita recuperar la convicción de que el respeto por la dignidad humana, la protección de la infancia y la promoción de relaciones familiares sanas constituyen pilares esenciales para una sociedad libre y segura. Defender esos principios no es una posición ideológica; es un compromiso con el bien común y con el futuro del país.
Aysén ha demostrado históricamente que sabe enfrentar la adversidad con esfuerzo, solidaridad y sentido de comunidad. Hoy esa misma fortaleza debe movilizarnos para combatir uno de los desafíos más dolorosos que enfrentamos como sociedad. Porque proteger a nuestros niños, fortalecer a nuestras familias y prevenir la violencia no es solo una política pública: es una obligación ética que nos compromete a todos.
La seguridad no comienza cuando llega un carabinero, comienza cuando un niño puede crecer sin miedo dentro de su propio hogar. En consecuencia, si queremos un Chile más seguro, debemos comenzar por garantizar que cada hogar vuelva a ser un espacio de protección, respeto y esperanza. Allí comienza la verdadera seguridad y allí se construye, día a día, el futuro de nuestra nación.
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