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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, exjefe jurídico del municipio y 4 exconcejales enfrentaron una audiencia de formalización, argumentando no haber tenido acceso a la carpeta investigativa. La causa se originó por una querella del CDE hace dos años, relacionada con el caso Puerto de Coronel y la condonación de 1.200 millones de pesos a la embotelladora Llacolén en 2020. La Fiscalía y el CDE podrían solicitar prisión preventiva, especialmente para el alcalde y el abogado municipal, Cristian Pinto. La concejal Carmen Madinagoitía se opuso a la condonación.

La audiencia de formalización del alcalde Boris Chamorro, el exjefe jurídico del municipio de Coronel y 4 exconcejales. El motivo dado por la defensa es que no tenían acceso a la carpeta investigativa.

La causa se inició por una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado hace dos años. Tras una serie de diligencias, en medio del caso Puerto de Coronel, el Ministerio Público decidió la nueva formalización.

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Cabe recordar que en este caso se investiga la condonación de 1.200 millones de pesos en concepto de patentes comerciales en 2020, a la embotelladora Llacolén.

No se descarta que la Fiscalía y el CDE pidan la prisión preventiva al menos para el jefe comunal y el abogado municipal, Cristian Pinto, que redactó el informe proponiendo rebajar a dos millones la deuda empresarial. Sin embargo, la defensa de este último, el abogado Andrés Cruz, estima débil el caso.

El acuerdo entre la Municipalidad de Coronel y la embotelladora de Martín Scuncio fue visado por cuatro ediles, además del alcalde. Una de las concejales que votó en contra fue Carmen Madinagoitía, quien hasta hoy insiste en la ilegalidad de la condonación, algo que -recordó- advirtió al propio Chamorro.

Los otros cuatro imputados corresponden a Ariel Durán, René Lucero, Osvaldo Campos y Francisco Reyes.

La nueva fecha quedó fijada para el 17 y 18 de junio. Además, tanto el Ministerio Público como el CDE piden que en la formalización los imputados estén de forma presencial, ya que se pedirán cautelares privativas de libertad.