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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La 5ª Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la prisión preventiva para las abogadas Andrea Romero Jara y Susana Cortés Karmy, imputadas por corrupción en procedimientos judiciales en Los Ángeles. Enfrentan cargos por asociación ilícita, prevaricación, acceso indebido a la información y obstrucción a la investigación. El tribunal desestimó apelaciones y destacó el peligro que representan para la seguridad de la sociedad. Otros imputados en el caso incluyen a Patricio Gutiérrez y Rodrigo Durán, con medidas cautelares distintas. Se anticipa una querella de capítulos contra Durán y la jueza Cherie Palomera por violación de secreto y prevaricación, respectivamente.

Durante la jornada de este jueves, la 5ª Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la prisión preventiva para Andrea Romero Jara y Susana Cortés Karmy, abogadas imputadas por corrupción en procedimientos judiciales en Los Ángeles.

De este modo, el tribunal rechazó la apelación presentada por las defensas de las juristas, quienes la semana pasada fueron formalizadas en el marco de la investigación que lleva la Fiscalía Regional de Ñuble.

Ambas enfrentan cargos, en calidad de autoras, por los delitos consumados de asociación ilícita, prevaricación, acceso indebido a la información y obstrucción a la investigación.

Según los magistrados, los hechos que se les imputan habrían puesto en riesgo la fe pública en el sistema judicial, además de constituir un peligro para la seguridad de la sociedad, lo que justifica la medida cautelar de prisión preventiva.

Otros imputados en la causa de corrupción

En esa línea, el tribunal desestimó argumentos como la condición de madres de las imputadas, señalando que sus hijos se encuentran bajo el cuidado de sus respectivos padres.

Uno de ellos es Patricio Gutiérrez, pareja de Cortés y exdefensor público de Los Ángeles, quien también está imputado en la investigación y cumple actualmente arresto domiciliario nocturno, tras ser formalizado por el delito de violación de secreto.

El otro es el exfiscal Rodrigo Durán, cónyuge de Romero, quien está imputado, pero aún no ha sido formalizado. Sobre este punto, el abogado de la Fiscalía Regional de Ñuble, Francisco Soto, confirmó a Radio Bío Bío que durante la próxima semana probablemente se presentará una querella de capítulos en su contra por el delito de violación de secreto.

Lo anterior se relaciona con la información que habría entregado a Romero respecto de causas en investigación en el Ministerio Público, vinculadas a personas relacionadas con el tráfico de drogas.

Además, dicha querella de capítulos también apuntaría a la jueza de garantía de Los Ángeles, Cherie Palomera, quien igualmente se encuentra imputada, pero no formalizada. Según adelantó el representante de la Fiscalía Regional de Ñuble, a la magistrada se le atribuiría el delito de prevaricación. Actualmente, la funcionaria enfrenta un sumario administrativo en la Corte de Concepción.

La resolución de la Corte de Concepción

Cabe destacar que, en su resolución, la Corte de Apelaciones estimó no solo la existencia de los delitos de obstrucción a la investigación, asociación ilícita y prevaricación, sino que además se acredita algo que no venía en la resolución del Juzgado de Garantía de Los Ángeles: el delito de soborno.

Esto, debido a que ya se había imputado a un funcionario judicial del Juzgado de Garantía por recibir pagos indebidos por parte de las abogadas. Al respecto, mientras el tribunal de primera instancia no consideró acreditado este hecho respecto de Romero y Cortés, la Corte de Apelaciones sostuvo lo contrario y planteó que dicho cargo sea incorporado.

Finalmente, los ministros añadieron que, a su juicio, existirían indicios de otro posible delito en la causa: el tráfico de armas.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)