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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La justicia reabrió el caso Laja San Rosendo, referente a cuatro exmiembros de Carabineros sobreseídos por enajenación mental, con el fin de determinar las condenas que deberían cumplir. La medida, inusual al tratarse de un caso cerrado, se da un año después de que la Corte Suprema dictara fallo en una de las causas más emblemáticas de violación de derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, condenando a 9 exuniformados por los homicidios de 19 trabajadores.

La justicia reabrió el caso Laja San Rosendo, respecto de cuatro ex miembros de Carabineros que habían sido sobreseídos por una supuesta enajenación mental.

El objetivo de esta poco usual medida, considerando que se trata de un caso ya cerrado, es determinar las condenas que deberían cumplir los exuniformados.

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Fue hace un año cuando la Corte Suprema dictó el fallo definitivo en esta, una de las más emblemáticas causas por violación de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, condenando a 9 exmiembros de Carabineros por los homicidios de 19 trabajadores de la papelera y de Ferrocarriles.

En la sentencia, sin embargo, se revocó el sobreseimiento de cuatro exuniformados, respecto de los cuales se había acreditado problemas mentales que impidieron llevarlos a juicios; se trata de Lisandro Martínez, Luis León, Gabriel González y Samuel Vidal, respecto de quienes se reabrió la causa, según resolución del nuevo ministro en visita, Waldemar Koch.

El abogado Patricio Robles, por algunas familias querellantes en el caso Laja San Rosendo, explicó que desde antes que se dictara el sobreseimiento hubo dudas de la real situación mental de los acusados.

Entre los familiares de las víctimas hay tranquilidad y satisfacción por la medida, porque, como dijo la vocera Gloria Urra, permite que la justicia avance, y sobre todo -subrayó- cuando se trata de personas que lograron evitar una condena con antecedentes psiquiátricos.

En la resolución que ordena dictar las condenas contra los excarabineros, el juez Koch, sin embargo, pide como medida previa que el Servicio Médico Legal realice nuevos peritajes psiquiátricos.

Al respecto, Emilio Araneda, hijo de una de las víctimas de la matanza de Laja San Rosendo, criticó que los tribunales eviten dictar condenas a través de vías ajenas al Poder Judicial.

Deberá ser el Servicio Médico Legal de Los Ángeles el que fije los exámenes mentales a los acusados, previo a que el ministro en visita decida si los lleva a juicio o eventualmente vuelve a dictar un sobreseimiento.