Entre los imputados hay un dominicano que está irregular en el país y que también quedó en prisión preventiva. El plazo de la investigación se fijó en 3 meses.

Con la medida cautelar de prisión preventiva quedaron cuatro chilenos y un dominicano acusados por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armamento y munición en Nacimiento, región del Bío Bío.

La detención de los imputados, que forman parte de dos organizaciones delictuales, se concretó tras allanamientos realizados el miércoles por el OS7 de Carabineros en dos domicilios que eran usados para la venta de drogas.

En dichos inmuebles se incautaron más de 700 dosis de pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína, droga distribuida en diferentes formatos y lista para su comercialización; además de una arma de fuego tipo pistola, calibre .32, apta para el disparo, la cual no estaba inscrita; cinco cartuchos calibre .32, y cerca de 1 millón de pesos en dinero en efectivo, obtenido producto de las ventas de la droga.

En registros del procedimiento queda en evidencia que la droga fue encontrada oculta en zapatillas e incluso enterrada en el patio de una de las casas.

Entre detenidos un dominicano irregular

Con las pruebas recabadas, el fiscal (s) de Los Ángeles, Daniel Tobella, los formalizó y solicitó al tribunal aplicar la medida más gravosa, la prisión preventiva, al considerar que la libertad de los imputados es un peligro para la seguridad de la sociedad.

Según detalló el persecutor, en uno de los inmuebles fueron aprehendidas Priscila Salinas Salinas (41) y Loreto Orellana Salinas (23), quienes tenían diversas dosis de marihuana, clorhidrato de cocaína, ketamina, y pasta base de cocaína. Además, tenían una pistola y municiones.

En el segundo domicilio se detuvo a Franklin Lorenzo Romero (34), de nacionalidad dominicana, que está en situación irregular en el país; y los chilenos Francisco Muñoz Arias (50) y Julio Jiménez San Martín (38). La policía les incautó más de 500 dosis de cocaína base, explicó el fiscal.

En la audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, se fijó además un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación en contra de los imputados.