Tras la lucha en tribunales que permitió recuperar el terreno que estuvo casi un año tomado en Lenga, la familia Price cuestionó al Gobierno, acusando que estuvieron ausentes durante todo el tiempo de la ocupación ilegales y de excusarse con que se trata de "un conflicto entre privados" para no tomar medidas en favor de los afectados.
La familia Price Saffery, propietaria de un fundo que estuvo casi un año tomado en Lenga, Hualpén, cuestionó la inacción del Gobierno ante la ocupación ilegal y que sean los afectados los que deben hacer las gestiones y desembolsar grandes sumas de dinero para la restitución de los terrenos.
Se trata de terrenos ubicados en el Santuario de la Naturaleza de la Península de Hualpén, en la región del Bío Bío, donde familias se instalaron y levantaron irregularmente viviendas. Ocupación que se desalojó por las acciones judiciales que emprendieron los propietarios ante la Corte de Apelaciones de Concepción.
Tras lo anterior, mediante un comunicado, la familia Price Saffery agradeció la labor del Ministerio Público por la agilidad en que decretaron la orden de desalojo, a Carabineros por dar cumplimiento a la orden, lamentando que uno de los funcionarios resultase herido por una pedrada cuando supervisaba el desalojo voluntario de las familias.
Palabras de agradecimiento que también manifestaron respecto al Consejo de Monumentos Nacionales por la elaboración del informe técnico que reveló el riesgo medioambiental que se estaba generando en el ecosistema y a los vecinos de Lenga que se opusieron a la toma de terrenos.
Revisa a continuación el antes y después del terreno tras el desalojo:
Familia acusa al Gobierno de excusarse con que es un “conflicto entre privados” para no tomar medidas ante tomas
En cambio, criticó a las autoridades de Hualpén y al Gobierno por su inacción durante el tiempo que se mantuvo la usurpación, cerca de un año.
“Lamentamos que otros organismos del Estado se restaron en esta situación, como lo demuestran los hechos. Durante cerca de un año, las autoridades políticas de Hualpén y del Gobierno permanecieron ausentes y sin promover alguna solución concreta para las personas en toma. Sus declaraciones públicas sobre la creación y funcionamiento de mesas de trabajo para resolver la usurpación nunca llegaron a destino”, denunciaron.
Añadieron que si no fuera por las acciones judiciales que iniciaron para garantizar el cumplimiento de la ley, la “toma seguiría ocupando irregularmente los terrenos del Santuario de la Naturaleza. Prueba de ello es que los últimos usurpadores del predio decidieron abandonarlo cuando ya era inminente el desalojo decretado por la justicia”.
También cuestionaron que autoridades se justifiquen con que se trata de ‘un conflicto entre privados’ para no tomar medidas para hacer cumplir la ley, indicando que “se llega a una situación así cuando los responsables de resguardar el Estado de Derecho no cumplen con su indelegable mandato”.
“Criticamos que como afectados por una toma, debamos financiar cuantiosos gastos legales, de limpieza y de otro tipo para reestablecer una condición que debería encontrarse asegurada por nuestras autoridades locales, a quienes no parece ser políticamente conveniente garantizar el Estado de Derecho a los legítimos titulares de una propiedad privada, que es uno de los pilares constitucionales y fundamentales de toda sociedad democrática”, complementaron en el escrito.
Para finalizar indicaron que esperan que tras lo generado en el Santuario de la Naturaleza de la Península de Hualpén, se promueva por parte de las autoridades comunales y gubernamentales una mirada integradora de futuro para proteger y —paralelamente— poder desarrollar de manera sustentable y amigable un espacio abierto a la comunidad”.
Revisa el comunicado a continuación:
