El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, podría enfrentar una solicitud de arresto por el no pago de una millonaria indemnización a extrabajadores de la DAEM penquista, quienes ganaron una demanda laboral por despido injustificado y discriminatorio.

El arresto del alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, podrían solicitar extrabajadores de la DAEM, quienes ganaron una demanda laboral por despido injustificado y discriminatorio el año 2020 cuando los colegios pasaron al Servicio Local Andalién.

Son cerca de 400 millones de pesos como indemnización, cuyo pago está pendiente desde junio, aumentando el monto diariamente por concepto de intereses y reajustes.

Hace dos años, cuando los colegios municipales de Concepción, región del Bío Bío, pasaron al Servicio Local de Educación Andalién, algunos funcionarios de la hoy desaparecida DAEM fueron reubicados, mientras otros desvinculados.

De ellos, 19 presentaron una demanda que acreditó como injustificado el despido y además discriminatorio, obligando el Juzgado del Trabajo penquista -en un fallo confirmado por la Corte Suprema- al pago de una indemnización total de alrededor de 380 millones de pesos.

Ese monto ha aumentado en casi 20 millones desde junio, a raíz de los intereses y reajustes que se acumulan mientras la sentencia no se cumpla y la municipalidad no pague, por lo que el abogado de los demandantes, Ricardo Yáñez, adelantó que no descartan pedir como medida de apremio el arresto del alcalde Álvaro Ortiz.

Una de las extrabajadoras demandantes es Eugenia Pincheira, quien calificó como indolente la actitud del jefe comunal, alejada de la empatía que decía sentir durante el proceso de traspaso de la educación municipal.

Aunque el fallo de la justicia es claro en que la Municipalidad de Concepción es la condenada en la demanda, el jefe de la Dirección Jurídica, Aldo Mardones, deslizó que debía haberse responsabilizado al gobierno central por los despidos que ocasionó la llamada desmunicipalización de la educación.

Hasta ahora, el municipio penquista no ha respondido ni los oficios del Juzgado de Cobranza, ni los enviados por los exfuncionarios, y por eso el análisis del abogado demandante de pedir el arresto del jefe comuna.