Persecución política y acoso laboral están acusando trabajadores desvinculados desde la Seremi de Trabajo de la región del Bío Bío, sosteniendo que sus despidos se deben a su militancia en Renovación Nacional.

Trabajadores desvinculados de la Seremi del Trabajo del Bío Bío acusan persecución política y acoso laboral, anunciando que presentarán acciones legales.

En específico, son tres las personas que fueron notificadas del fin de su contrato laboral en el estamento de Gobierno, dos de las cuales mantenían contrato a honorario hasta el 31 de diciembre y otro a contrata, mientras que sólo a una trabajadora se le notificó con 30 días de anticipación.

En ese sentido, relacionan la interrupción de sus contratos con que los tres despedidos son militantes de Renovación Nacional, por lo que acusan persecución política por parte de la seremi del Trabajo, Sandra Quintana, quien es militante del Partido Comunista.

Gabriel Fuentealba, uno de los trabajadores desvinculados, fue notificado por una carta a su domicilio del fin de su relación laboral, señalándose como motivo un recorte de presupuesto, lo que él no cree, ya que acusa que Quintana en más de una oportunidad mencionó que él fue asesor del diputado Leonidas Romero y de José Antonio Kast.

Otra desvinculada fue la exencargada de infancia de la Dirección del Trabajo, quien presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones contra el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, ante su salida que calificó como una decisión “presionada”.

Por su parte, la delegada Presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, dijo que los extrabajadores podían acudir a la acción legal y que está en conversaciones con la seremi Sandra Quintana.

Por otro lado, el exdirector regional del Trabajo, Rodrigo Reyes, habría sido notificado durante el mes de junio de su termino de funciones mientras estaba con licencia médica, sin embargo, lo atribuye a tener un cargo de confianza.

Reyes fue reemplazado por el abogado Erick Carrasco, quién asumió la nueva subrogancia del cargo por designación del actual Gobierno.

Finalmente, los desvinculados presentarán una acción judicial bajo la tutela laboral por despidos irregulares.