La investigación por el contrabando de cigarrillos en el Gran Concepción quedó sin imputados en prisión preventiva.
De acuerdo al Ministerio Público y a la PDI, el delito habría reportado entre 2 mil y 5 mil millones de pesos a una red familiar, por la venta ilegal de cigarros traídos desde el extranjero.
La cautelar para las únicas dos personas tras las rejas fue revocada por la Corte de Apelaciones y reemplazada por arresto domiciliario, lo que implicó un nuevo revés para la Fiscalía de Talcahuano, que tras dos años de pesquisas imputó a 12 personas como miembros de una asociación ilícita.
Tras la formalización en el Juzgado de Garantía, otras dos personas habían quedado en arresto parcial y total en sus casas, cautelares que el fiscal José Orella intentó aumentar sin éxito, rechazando el tribunal de alzada penquista la prisión preventiva solicitada.
Además, fue derivada al Ministerio Público la denuncia contra la PDI, por revelar -al mismo tiempo que la Fiscalía formulaba los cargos ante la justicia- todos los antecedentes de la investigación, vulnerando el artículo 31, inciso 2, de la Ley de Lavado de Dinero que decreta la reserva de este tipo de causas.
