Cuando "ahorrar" sale caro: los riesgos de las medidas propuestas por Hacienda para la salud mental

A partir de la filtración del oficio del Ministerio de Hacienda que propone descontinuar o hacer recortes presupuestarios en una serie de programas de sectores clave como educación, desarrollo social y salud -por mucho que luego se haya planteado la idea de que en realidad se estaba hablando de “reformular”-, se ha levantado un intenso debate en torno a los posibles efectos de las medidas propuestas.

Con relación al sector salud, la propuesta de descontinuar o recortar el Programa de Salud Mental en la Atención Primaria de Salud (APS) amenaza con desarticular una red de cuidados en salud mental construida durante más de tres décadas.

Para dimensionar su alcance, es necesario recordar la reforma estructural del sistema de salud que tuvo lugar durante la dictadura civil-militar (1973–1990), que instaló un modelo mixto público-privado y profundizó las inequidades en el acceso a tratamiento, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.

En este escenario, la incorporación de la salud mental en la APS, desde 1992, marcó un punto de inflexión al acercar el cuidado a la comunidad. Desde entonces, hitos como los planes nacionales de salud mental, la incorporación de prestaciones en el sistema GES y programas como Chile Crece Contigo, han consolidado una red que, en base a la APS -aunque con limitaciones- ha ampliado el acceso y sostenido cuidados a lo largo del tiempo.

Sabemos que esta trayectoria ha estado marcada por déficits persistentes: financiamiento insuficiente, escasez de especialistas y débil articulación intersectorial. Lejos de fortalecer estos aspectos, la propuesta de reducir el Programa de Salud Mental en APS pone en riesgo el núcleo mismo de esta red de cuidados.

Si bien las prestaciones GES seguirían aseguradas por ley, surge una pregunta evidente: ¿qué ocurrirá con los problemas de salud mental que quedan por fuera de estas garantías? La respuesta probable es un aumento de listas de espera y mayor sobrecarga en el nivel secundario, profundizando las brechas ya existentes.

Propuestas como esta impactan directamente en los sectores más vulnerables, para quienes la APS es muchas veces la única puerta de acceso al cuidado en salud mental.

Desarticular esta red no solo tiene costos individuales, sino también sociales, afectando familias, comunidades y el bienestar colectivo.

La salud mental no puede tratarse como un gasto prescindible ni evaluarse sólo en términos de eficiencia económica. Es un componente central del bienestar social y una responsabilidad del Estado, que debe actuar como garante, sostén y articulador de los cuidados.

Marianella Abarzúa Cubillos
Psicóloga
Doctora en Psicoterapia
Académica del Departamento de Psicología de la U. de Chile.

Javiera Díaz-Valdés Iriarte
Psicóloga
Magíster en Psicología Clínica
Supervisora Clínica del Centro de Psicología Aplicada (CAPs) de la Facultad de Ciencias Sociales, U. de Chile.