El diputado Leonidas Romero solicitó oficialmente a Contraloría la nulidad del avenimiento que rebajó en más de mil millones de pesos la deuda del empresario Alberto Scuncio con la Municipalidad de Coronel.

En otra arista de este caso, la fiscal de Venezuela en el exilio dio cuenta de la investigación que involucraría al empresario argentino en relación a la venta de cajas de alimentos al régimen de Nicolás Maduro.

Esto a tres días de que se aprobara este acuerdo que deja en sólo 100 millones de pesos la deuda de casi 1.343 millones de pesos que el empresario Juan Alberto Scuncio tiene con la Municipalidad de Coronel, ha surgido una serie de antecedentes que ponen en duda la legalidad del acuerdo.

El primero es el que da cuenta de una votación que aprobó por cinco votos contra cuatro el avenimiento, pues tras el empate 4 a 4 entre los concejales el alcalde Boris Chamorró dirimió a favor de la exembotelladora Llacolén, cuando lo que señala la ley -dijo el diputado Leonidas Romero- es que el voto del jefe comunal debe ser sólo si el empate se repite en tres oportunidades.

La segunda supuesta irregularidad es que el municipio y sus abogados aceptaran sin cuestionar un peritaje del tribunal, que calculó en 250 mil pesos la deuda por patentes impagas de la desaparecida empresa, además en un proceso judicial que ni siquiera tiene fallo de primera instancia, dijo el también ex alcalde de la comuna, por lo que pidió a la Contraloría General la nulidad del polémico avenimiento.

El caso de Coronel surgió luego que se conociera las investigaciones que enfrenta el empresario argentino afincado en la comuna de San Pedro de la Paz, las que desarrolla no sólo el Ministerio Público en Chile, sino también la fiscal de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega, quien conversó en exclusiva con BioBioChile.

La funcionaria del gobierno de Juan Guaidó sostuvo que Alberto Scuncio está en la mira por posible lavado de dinero a partir de los millonarios contratos con el régimen de Nicolás Maduro para el envío de cajas de alimentos, licitaciones que la fiscal Ortega atribuye a la intervención del senador Alejandro Navarro.

Pero también estaría tras los pasos de Alberto Scuncio la justicia de Estados Unidos, que indagaría los depósitos en efectivo que por años el empresario habría realizado en bancos como el Security, entidad que justamente por ese motivo cerró las cuentas corrientes de sus empresas.