Un recurso de protección presentó un grupo de apoderados del colegio San Ignacio en San Pedro de la Paz, denunciando que el establecimiento no está entregando los contenidos comprometidos y no obstante mantiene los cobros íntegros por el servicio. Por ello es que acudieron a la justicia para que al menos obligue a reducir en un 50% la colegiatura mensual.
Primero fue la huelga de profesores que retrasó el inicio del año escolar en marzo para los alumnos del colegio subvencionado San Ignacio, alcanzando sólo a tener dos días de clases ese mes.
Después vino la pandemia y las actividades se cancelaron, comprometiendo el establecimiento un programa educacional online que según Carlos Villar, vocero de un grupo de 18 padres y apoderados, nunca se ha cumplido.
Villar agregó que las clases virtuales no se realizan y cuando llegan a concretarse, se limitan a dos de las cinco horas que se informó por parte del colegio.
Ante esa realidad, los efectos económicos del Covid-19 para las familias por los menos ingresos y los despidos en algunos casos, además de imposibilidad de poder trasladar a sus hijos a otro colegio, lo que se solicitaron los padres al establecimiento fue rebajar la mensualidad en un 50%, lo que fue rechazado por la dirección.
Por ese motivo, y con la representación de los abogados Gustavo Mercado y Franklin Bustos, presentaron el recurso de protección, explicando este último profesional que la solicitud de los apoderados recae en que, según ellos, no se lleva el servicio completo por el que están pagando.
Ante la gravedad de lo señalado por los apoderados en cuanto a las falencias en la modalidad online para las clases en el colegio San Ignacio, Radio Bío Bío consultó al seremi de Educación, Fernando Peña, quien dijo que debía cumplirse con la obligación por parte de los sostenedores y que ante problemas que pudiera existir estaba la Superintendencia para hacer el reclamo pertinente.
El recurso fue acogido a trámite, pidiéndose un informe a la dirección del San Ignacio pero también a la Superintendencia de Educación, puntualmente para que señale si a pesar de las supuestas irregularidades el establecimiento sigue percibiendo la subvención escolar.
