La justicia acogió a trámite el recurso de protección presentado por los contratistas forestales de la provincia de Arauco, denunciando que el Gobierno no está cumpliendo con el mandato de la ley de permitir desempeñar su actividad económica libre de amenazas.
La Corte de Apelaciones de Concepción resolvió finalmente la admisibilidad de la acción legal presentada por la Asociación de Contratistas Forestales, pidiendo al tribunal de alzada intervenir a raíz de los ataques que en los últimos cinco años suman un total de 60, sin que se individualice y sancione a los responsables en la mayoría de ellos.
El recurso de protección apunta a las autoridades del Bío Bío, los tres gobernadores provinciales y el intendente Sergio Giácaman, quien se manifestó dispuesto a aportar a la justicia los antecedentes que se requieran, aunque subrayando en la mesa formada para abordar la situación y donde recibieron las inquietudes del sector.
El objetivo principal de la presentación es es que la corte ordene al Gobierno Regional coordinar de mejor forma el combate a la violencia en la zona del conflicto mapuche, pero también que se aperciba a los abogados de la autoridad para que intervengan más activamente en la investigación de los atentados.
Rodrigo Ruiz, abogado de la Asociación de Contratistas Forestales, explicó que se decidió acudir a los tribunales de justicia, al agudizarse en el último tiempo los ataques, los cuales las empresas califican como terroristas.
Tanto el intendente como los gobernadores de Bío Bío, Arauco y Concepción tienen un plazo de ocho días para remitir a la Corte penquista los antecedentes sobre el combate de la llamada violencia rural y que principalmente pasa por la investigación de los distintos episodios a través del Ministerio Público.
