Una millonaria indemnización deberá pagar el Gobierno Regional del Bío Bío por el despido injustificado y discriminatorio de un exempleada, según decretó el Juzgado del Trabajo de Concepción.

Ana María Barrientos, ingeniero civil industrial, a cargo de la actualización y mantención de las “tecnologías de información”, se desempeñó en la administración pública primero con un contrato a honorarios y después a contrata, el que fue renovado anualmente desde 2008.

Sin embargo, el año pasado, según acreditó el tribunal, la profesional fue desvinculada aplicando el gobierno un criterio de exclusión que incluyó la opinión política, prefiriendo contratar a un funcionario militante de Renovación Nacional, obviando la trayectoria de Barrientos como funcionaria de larga data, alterando el igual trato que debe haber en el empleo.

Por eso y al acreditar la ilegalidad del despido, el juez Eliecer Cayul acogió la demanda de tutela laboral y condenó al Gobierno Regional al pago de casi 70 millones de pesos como indemnización a la profesional.