La Municipalidad de Concepción interpuso una querella contra uno de los estudiantes que fue expulsado y luego reincorporado a sus clases en el Liceo Enrique Molina por la Corte de Apelaciones penquista.
La acción legal apunta a las lesiones que se acusa que el alumno causó a una funcionaria del establecimiento.
Como una muestra de que ni en este liceo ni en ningún otro establecimiento educacional del sistema se aceptará la violencia, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, interpuso una querella dirigida contra un estudiante que reconoció haber participado de la agresión contra una asistente social del recinto.
Tras los hechos del 3 de abril, los jóvenes fueron expulsados del establecimiento, pero posteriormente reincorporados a clases por una orden de no innovar que acogió la Corte de Apelaciones, lo que llevó hace unos días al municipio a tomar la decisión de suspender el proceso administrativo y dejar la apelación de los acusados exclusivamente por la vía judicial.
Con esta querella, sustentada en el relato de una de las víctimas y los antecedentes médicos de sus lesiones, Ortiz aseguró que buscan rechazar la violencia, no sin antes criticar el sentido de Aula Segura, que a su juicio corresponde a la criminalización.
El seremi de Educación del Bío Bío, Fernando Peña, aplaudió la acción legal de la casa consistorial, llamando a las autoridades a ser “coherentes y a cuadrarse con las víctimas” respecto a los cuestionamientos a Aula Segura.
A la fecha, ni la Seremi de Educación ni el municipio penquista han remitido los antecedentes de la investigación que exigió la corte, cuyos plazos que se cumplen esta semana.
