Ad portas del cierre del sumario se encuentra el caso Laja-San Rosendo, luego de que estén cumpliéndose diligencias solicitadas por las defensas de los cuatro civiles procesados como cómplices en los homicidios de 19 trabajadores de la papelera y de Ferrocarriles del Estado el año 1973.
El ministro Carlos Aldana, a cargo de las causas por violación de derechos humanos, indicó que se dio lugar a algunas indagaciones solicitadas, aunque otras fueron rechazadas, y que una vez concluidas decretaría el término de la emblemática investigación.
Por las ejecuciones de los trabajadores están procesados una docena de exmiembros de Carabineros, además de los exejecutivos de la CMPC -Pedro Jarpa, Carlos Ferrer, Lionel Aguilera y Rodolfo Román- a quienes se imputa como responsables de los homicidios, las inhumaciones y exhumaciones ilegales de las víctimas.
Las diligencias solicitadas por los civiles encausados tienen que ver con declaraciones de testigos que desvirtuarían los cargos imputados por la justicia en cuanto a que como responsables de la papelera habrían colaborado con la detención y posterior asesinato de las víctimas, quienes eran principalmente dirigentes sindicales.
