150 casos de eventual fraude al Fisco y cohecho detectó la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, en el Juzgado de Policía Local de Yumbel.

Todo comenzó el 7 marzo de 2016, luego que el tribunal despachara una orden de arresto en contra de un infractor de la Ley de Tránsito.

Víctor Ramírez llegó al Juzgado de Policía local explicando que había cancelado la multa en diciembre de 2015. Dinero que entregó al entonces funcionario administrativo, Víctor Henríquez Álvarez.

Este último renunció dos días antes de que el caso quedara al descubierto. Así el municipio puso los antecedentes a disposición del Ministerio Público, donde en abril de 2016 Radio Bío Bío informó que existía al menos un caso de irregularidades.

Ahora el número aumentó a 150 causas, las que han sido indagadas por la Fiscalía y donde el Consejo de Defensa del Estado actúa como querellante, en contra de Víctor Henríquez Álvarez.

El abogado procurador fiscal de Concepción del CDE, Georgy Schubert, dijo que el querellado recibía las multas de forma particular y así devolvía las licencias de conducir.

Si bien hay antecedentes de que hubo personas que no estaban al tanto de la práctica sindicada, habrían otros que sí conocían de que se trataba de un trámite fuera del marco legal.

Así el Consejo de Defensa presentó la primera querella en enero de este año. Ahora piden a la Fiscalía que los 150 casos se agrupen en una sola indagatoria.

Para el Consejo se configuran los delitos de: fraude al Fisco, cohecho y sustracción de expedientes, como dijo Georgy Schubert.

Desde la Municipalidad de Yumbel comunicaron que hubo un sumario que concluyó en sobreseimiento por falta de antecedentes de responsabilidad de funcionarios municipales.

“Salvo la del señor Henríquez, al cual no fue posible aplicar medidas disciplinarias”, dijo la casa edil, a propósito de que el indagado pertenecía a una empresa externa.

Además, “se consigna que no existió daño al patrimonio municipal, ya que al detectar la situación el Municipio procedió a cobrar las multas que no se habían pagado”, aseguró la entidad alcaldicia.

El Consejo de Defensa del Estado en las querellas ha sostenido que por la naturaleza del cargo y trabajo administrativo de Víctor Henríquez, debe ser perseguido penalmente como funcionario público.