Una querella por falsificación de instrumento público y un reclamo en la Corte de Apelaciones de Concepción fue presentada contra el receptor judicial Claudio Pradel, denunciado por certificar de manera falsa los domicilios de deudores de créditos automotrices y poner en riesgo de embargo los vehículos adquiridos.
La acción legal fue acogida a trámite por el Juzgado de Garantía de Talcahuano y remitida al Ministerio Público, mientras que el reclamo administrativo ingresó a la Corte de Apelaciones penquista, designándose al ministro César Panés para que determine su veracidad.
La denuncia es de Mauricio Moris, representado por el abogado Javier Ahumada, quien indicó que el caso de su cliente no es el único, existiendo docenas de personas demandas por mora en los créditos y en la misma situación.
Ahumada explicó que los deudores, no obstante dejar pagarés con sus domicilios reales, son demandados a través del receptor Claudio Pradel, quien como ministro de fe, certifica direcciones en el puerto donde los afectados nunca han residido o derechamente son inexistentes.
La consecuencia de este modus operandi, y del que se responsabiliza al funcionario judicial, es que los afectados, como Mauricio Moris, sólo se enteran de las demandas en su contra cuando los tribunales ordenan o sacan a remate los vehículos, según puntualizó el abogado Ahumada.
Consultado el receptor Claudio Pradel, dijo no haber sido notificado ni de la querella ni de la denuncia en la corte, y al calificarlas como injuriosas y calumniosas, admitió que no eran desconocidas ese tipo de presentaciones, expresando que los deudores generalmente las utilizan para intentar evadir el cumplimiento de sus obligaciones crediticias.
