La Fiscalía reformalizó al exsocio de Rafael Garay, imputado por una estafa piramidal en Concepción, aumentando los cargos al delito de lavado de activos. En la audiencia, el Ministerio Público propuso un procedimiento abreviado para Esteban Aedo, lo que fue rechazado por los querellantes.
La fiscal Marcela Barahona amplió los cargos contra el empresario Esteban Aedo, quien primero fue formalizado por estafas reiteradas en perjuicio de una treintena de personas, las que entregaron al exsocio de Rafael Garay unos 400 millones de pesos.
La persecutora explicó que en esta oportunidad se imputó a Aedo por lavado de activos, al haberse determinado el destino de los dineros recolectados en lo que las víctimas califican como una estafa piramidal.
En la audiencia ante el Juzgado de Garantía de Concepción, la Fiscalía planteó un procedimiento abreviado en contra de Aedo, arriesgando una pena por debajo de los cinco años de cárcel.
No obstante, los querellantes se opusieron a esta propuesta, subrayando que no se habían establecido todos los ilícitos ni a los responsables del fraude, por lo que estiman que el caso debería ir a un juicio oral, como explicó el abogado Gabriel Pineda.
Entre quienes se deslizó como responsable del fraude y que no ha sido formalizado, está Rafael Garay, quien había sido descartado por la investigación según detalló la fiscal Barahona.
El posible procedimiento abreviado será analizado nuevamente el 15 de diciembre, cuando el tribunal definirá si da luz verde o si acoge la solicitud de los querellantes de llevar el caso a un juicio oral.
En la audiencia también se formalizó a tres exempleados de Esteban Aedo, Aníbal Parga, Alvaro Hurtado y Gonzalo Baeza, a quienes la Fiscalía calificó como negligentes al haber permitido ocultar los dineros recolectados entre las víctimas del fraude, por lo que se les formuló cargos por lavado de activos.
Al iniciarse la investigación contra el exsocio de Rafael Garay, Parga, Hurtado y Baeza, intervinieron como querellantes, denunciando haber sido engañados respecto del objetivo de los dineros entregados por las víctimas y a quienes se ofrecía intereses cercanos al 10 por ciento mensual.
Según adelantó el Ministerio Público, respecto de los nuevos imputados se propondrá una suspensión condicional del procedimiento, lo que será analizado también el próximo mes cuando el Juzgado de Garantía de Concepción defina el futuro de la causa.
