Los horticultores de San Pedro de la Paz insistieron ante la Corte de Apelaciones que se ordene al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la concesionaria del Puente Industrial a no realizar obras, incluidas las expropiaciones, hasta no completar el Estudio de Impacto Ambiental que se solicitó por parte del Servicio de Evaluación para el proyecto vial.
El objetivo inicial era impedir la presentación de una Declaración de Impacto Ambiental para la obra, lo que fue finalmente zanjado con una resolución del Servicio de Evaluación, que ordenó que el puente Industrial debía ser sometido a un Estudio de Impacto.
Por eso, en los alegatos ante los ministros de la Quinta Sala del Tribunal de Alzada el abogado de los horticultores -Ignacio Sapiaín- explicó que el propósito de la acción legal era prohibir al MOP y a la concesionaria OHL ejecutar cualquier obra, incluidas las expropiaciones que se realizarían actualmente.
El argumento de esa petición es que no se puede trabajar en un proyecto que no cuenta aún con permisos ambientales, por lo cual el -abogado de Obras Públicas, Juan Faúndes- aseguró ante la Corte que de rechazarse el Estudio de Impacto Ambiental los terrenos expropiados podían ser devueltos, algo que no comparte el representante de los horticultores.
Y es que además denunció el abogado Sapiaín, las expropiaciones podrían tener un objetivo soterrado, consistente en que una vez que los terrenos fueran propiedad del MOP, desaparecería la exigencia de un Estudio de Impacto Ambiental para la concesionaria, por lo tanto tendrían luz verde para proceder a construir el puente Industrial.
