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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Greenpeace exigió al Comité de Ministros revisar la aprobación ambiental del Puerto Exterior de San Antonio, proyecto que incluye un molo de abrigo de 4 kilómetros. La ONG presentó una reclamación por considerar que la evaluación no respondió adecuadamente a las observaciones ciudadanas y advierte posibles efectos en el transporte de sedimentos. La iniciativa busca ampliar la infraestructura portuaria de San Antonio, siendo calificada como estratégica para la comuna y el país. Greenpeace argumenta posibles impactos negativos en el estuario y riesgo de inundaciones. Aunque las posibilidades de acogida de la reclamación son limitadas, la organización podría recurrir al Tribunal Ambiental.

Greenpeace le exigió al Comité de Ministros revisar la aprobación ambiental del Puerto Exterior de San Antonio, proyecto que contempla la construcción de infraestructura portuaria de gran escala, incluido un molo de abrigo de aproximadamente 4 kilómetros (km).

La organización acusa que la evaluación no respondió adecuadamente las observaciones ciudadanas y advierte eventuales efectos sobre el transporte de sedimentos

En concreto, la ONG presentó una reclamación administrativa para impugnar la aprobación ambiental del proyecto Puerto Exterior de San Antonio, otorgada el pasado 9 de junio por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso.

El proyecto corresponde a una ampliación de gran escala de la infraestructura portuaria de San Antonio y contemplaría, entre sus principales obras, un molo de abrigo de aproximadamente 4 kilómetros en un área cercana a la desembocadura del río Maipo.

La delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, destacó la importancia estratégica de la iniciativa para la comuna y el país, debido a su potencial impacto en la actividad productiva y el empleo.

Sin embargo, señaló que la reclamación recién comienza a ser tramitada y evitó pronunciarse sobre su contenido.

Greenpeace sostiene que la resolución ambiental no se hizo cargo debidamente de distintas observaciones presentadas durante el proceso de participación ciudadana. Según la organización, las intervenciones proyectadas podrían afectar la dinámica de sedimentos, modificar el estuario e incrementar el riesgo de inundaciones durante eventos climáticos extremos.

Respecto de la viabilidad de la reclamación, el abogado penalista Ariel Manríquez estimó que la presentación tendría posibilidades limitadas de ser acogida, aunque reconoció que Greenpeace podría continuar el proceso ante el Tribunal Ambiental.

Desde Puerto San Antonio indicaron que no realizarán declaraciones sobre el desarrollo ni los alcances de las reclamaciones mientras estas sean revisadas por las instituciones correspondientes. La empresa aseguró que respetará las leyes, las resoluciones ambientales y las decisiones que adopten las autoridades.