La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso inició este lunes la notificación formal de desalojo a las 156 familias que habitan el denominado primer polígono de intervención 1A en la megatoma del cerro Centinela de San Antonio, en la región de Valparaíso. Este procedimiento comenzará el próximo 30 de junio.
La comunicación fue realizada casa por casa por el equipo jurídico a cargo del procedimiento, acompañado por un ministro de fe.
Según se indicó, la medida responde al cumplimiento de la orden judicial que obliga a la restitución del terreno ocupado. Tras la intervención del primer polígono, el proceso continuará en el sector 2A, donde se repetirá el mismo procedimiento de identificación y notificación de las familias afectadas.
Paralelamente, se desplegará un plan de apoyo social destinado a grupos prioritarios, entre ellos adultos mayores, mujeres embarazadas y niños.
Para quienes no cuenten con una alternativa habitacional temporal, se ofrecerá acceso a albergues municipales y del Ministerio de Desarrollo Social, con capacidad de otorgar alojamiento, alimentación y abrigo por hasta 30 días.
Las autoridades señalaron además que se adoptarán medidas para resguardar la continuidad educativa y alimentaria de los menores afectados por el desalojo.
Si familias se niegan, actuará la fuerza pública
No obstante, Verónica Morales, presidenta de la Cooperativa Nuevo Futuro, negó que se haya producido algún acercamiento entre las autoridades y las personas contempladas en la medida. También cuestionó que a las familias de la ocupación irregular “no se les está entregando ningún subsidio habitacional”.
El operativo contará con el apoyo de más de 120 efectivos policiales provenientes de Santiago, además de personal municipal y equipos del Ministerio de Desarrollo Social. Se espera que las familias puedan retirarse voluntariamente antes de la fecha establecida, desmontando o trasladando sus viviendas y pertenencias, indicó el delegado presidencial regional, Manuel Millones.
De no concretarse el abandono voluntario de los inmuebles, el 30 de junio se procederá al desalojo con apoyo policial. Posteriormente, será el propietario del terreno quien determinará el destino de las estructuras existentes, pudiendo conservarlas, retirarlas o demolerlas.
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