Una querella criminal presentó la entidad patrocinante Social Arquitectura en contra del ministro de Vivienda, Iván Poduje, por presuntos delitos cometidos en el proceso de reconstrucción de El Olivar en Viña del Mar, en la región de Valparaíso. Acusan abuso de poder, falsificación de documentos y fraude al fisco.
La acción legal, ingresada en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, también va dirigida contra el seremi de Vivienda, Marcelo Ruiz; y el director subrogante del Serviu en la región, Rodrigo Muñoz. Esto por la orden de paralización de obras que ordenó el ministro a las casas que se reconstruyen en El Olivar, tras detectar presuntas irregularidades en su edificación.
En la querella presentada por la entidad patrocinante se sostiene que las autoridades “habrían utilizado sus cargos para ejecutar una decisión previamente adoptada: excluir a Social Arquitectura y a la Constructora San Sebastián de los proyectos de reconstrucción que desarrollaban para 356 familias damnificadas por el megaincendio de febrero de 2024″.
Acusan que estas decisiones se habrían tomado mediante resoluciones administrativas “carentes de fundamento legal, con presiones a funcionarios públicos y con la generación de antecedentes destinados a justificar la terminación de contratos válidamente celebrados y la posterior demolición de viviendas”.
Social Arquitectura acusa a Poduje de cometer delitos
Más detalles entregó la abogada de Social Arquitectura, Érika Maira, afirmando que la querella se presentó porque el ministro Poduje “utilizó el aparato estatal para cometer delitos, interferir ilegalmente en contratos vigentes y dictar resoluciones manifiestamente injustas”.
De esta forma esperan que, tras una investigación objetiva e independiente, la Fiscalía pueda esclarecer los hechos, que -aseguran- se habrían desarrollado con “presiones a funcionarios, falsificación de instrumentos públicos, engaños a las familias damnificadas y una demolición innecesaria, incurriendo además en fraude al Fisco”.
También fundamentan que el ministro habría ordenado la paralización total de las obras, pese a que los informes técnicos disponibles solo establecían observaciones corregibles en una parte de las viviendas. A ello suman presuntas presiones que habrían sufrido funcionarios del Serviu para elaborar informes que respaldaran las decisiones del titular del Minvu.
Bajo esa presión, se habrían emitido documentos con fechas distintas a las reales y antecedentes destinados a justificar la terminación de contratos y la remoción de las empresas involucradas.
La abogada Maira sostiene que “el señor Poduje, bajo un discurso de emergencia, rompió la normalidad de un contrato que se desarrollaba bajo la fiscalización del Serviu y sujeto a los procedimientos legales y contractuales correspondientes. Como autoridad, no estaba legitimado para interrumpir e imponer su voluntad al margen de fundamentos técnicos, de la transparencia y de la legalidad”.
La presentación judicial también cuestiona la utilización de resoluciones que contendrían antecedentes falsos respecto de supuestas graves fallas constructivas, las que habrían servido para inducir a los vecinos a poner término anticipado a contratos vigentes. Según la acción legal, estas actuaciones alteraron el normal desarrollo del proceso de reconstrucción y vulneraron derechos contractuales de las familias afectadas.
“Esperamos que el Ministerio Público realice una investigación exhaustiva, objetiva e independiente que permita esclarecer los hechos denunciados, determinar las responsabilidades que correspondan y establecer si se utilizó el aparato estatal para fines distintos de aquellos previstos por la ley en el proceso de reconstrucción de El Olivar”, concluyó la abogada Érika Maira.
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