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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

En la Fiesta Costumbrista de Algarrobo, una mujer fue detenida por amenazar de muerte al alcalde Marco Antonio González en estado de ebriedad. La acusada, identificada como J.P.S.A., enfrenta cargos por amenazas no condicionales. El Ministerio Público pidió medidas cautelares como arraigo nacional y prohibición de acercarse al edil, con firma bimensual. El juez Arenas también dictaminó la prohibición de acercamiento a la residencia del alcalde. La imputada, quien alegó trabajar en un programa municipal, obtuvo autorización para acercarse en un contexto laboral.

Una mujer fue detenida en medio de la Fiesta Costumbrista en la medialuna de San José en la comuna de Algarrobo luego de realizar amenazas de muerte en contra del alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, cuando se estaba realizando el evento masivo y se encontraba junto a su esposa.

Según el relato del Ministerio Público, la mujer en estado de ebriedad se habría dirigido hasta el jefe comunal con el fin de increparlo a él y a su pareja con violentos dichos que indicaban de manera literal: “Te vamos a matar“.

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El fiscal Fred Silva detalló parte de las amenazas que realizó la imputada de iniciales J.P.S.A. quien fue formalizada por el delito de amenazas no condicionales en grado de consumado.

De parte del Ministerio Público solicitaron las medidas cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y firma mensual, siendo esta última ratificada por el magistrado, pero en calidad de bimensual.

Así lo señaló el juez Javier Arenas, quien además dictó la prohibición de acercarse al menos al domicilio particular del jefe comunal Marco Antonio Gonzalez.

La última medida cautelar no fue bien recibida por la imputada, quien intervino en medio de la instancia, interpeló al magistrado y aseguró trabajar en un programa municipal, lo que no fue detallado por la defensa, y es por ello que el juez autorizó el acercamiento en un contexto laboral.

El plazo de investigación fue fijado en 60 días, mientras que el municipio ni el alcalde González han entregado declaraciones ante lo ocurrido en el evento municipal.