Gobierno busca rebajar en $6.760 millones valor de expropiación de terreno en megatoma de San Antonio

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso, interpuso ante el Primer Juzgado de Letras de San Antonio una reclamación de monto en el marco del proceso de expropiación de tres lotes de terreno ubicados en el sector Cerro Centinela donde se emplaza la megatoma.

La acción judicial busca que el tribunal rebaje la indemnización provisoria fijada por la Comisión de Peritos, la que ascendió a más de $10.000 millones por los lotes 1-A-1, 1-A-3 y 1-A-5, de una superficie total superior a 110 hectáreas. En específico, busca una rebaja de $6.760 millones en el precio de los sitios.

En este contexto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó que se sostendrá una reunión el próximo miércoles con los ministerios involucrados para abordar el caso.

En tanto, concejal de San Antonio, Manuel Meza, resaltó que los principales afectados por estos procesos son los habitantes de la comuna.

De acuerdo al reclamo, la tasación efectuada por la Comisión contiene errores conceptuales y metodológicos que habrían derivado en una sobrevaloración del suelo expropiado, generando un perjuicio fiscal superior a $6.500 millones.

Asimismo, el CDE señala que no se habrían ponderado adecuadamente factores como la gran extensión del predio original, la falta de urbanización, la inexistencia de factibilidad sanitaria, la ocupación irregular existente en el sector y la escasa actividad inmobiliaria privada en la zona.

Por esto último, el Serviu solicitó que la indemnización definitiva sea fijada en cerca de $4.200.000.000, distribuidos en montos diferenciados por cada lote expropiado.

Además, se solicitó que se ordene la retención de la parte disputada de la indemnización —equivalente a un monto superior a $6.700.000.000 — hasta que exista una resolución firme sobre el monto definitivo.

Con esto, la Inmobiliaria San Antonio declaró que desde un inicio remarcaron que el monto de expropiación era bajo considerando las potencialidades del terreno. Por lo mismo, recalcaron que el Estado pretendo castigarlos por su por su propia incapacidad de desalojar un terreno con orden de desalojo de la Corte Suprema desde 2024.

“Lamentamos esta maniobra del gobierno anterior que le ha traspasado el problema del desalojo al actual gobierno. Pero ante esta acción legal -que rechazamos- no nos queda más que abogar por la restitución total de nuestro terreno”, sostuvo la inmobiliaria.