La Inmobiliaria San Antonio S.A. presentó un reclamo judicial contra el Serviu de la región de Valparaíso, solicitando que el Estado expropie la totalidad de un terreno ubicado en el sector Cerro Centinela, en las comunas de San Antonio y Cartagena, y no solo una parte de él, como fue resuelto inicialmente.
La acción fue interpuesta ante el Juzgado Civil de San Antonio, al amparo del artículo 9 letra b) del Decreto Ley N°2.186, normativa que regula los procesos de expropiación en Chile y que permite reclamar cuando una expropiación parcial deja el resto del inmueble sin valor económico.
El conflicto se origina a raíz de la expropiación parcial informada en diciembre de 2025 del predio de propiedad de la inmobiliaria para la ejecución del Plan Habitacional Cerro Centinela.
Según el acto administrativo, se expropiarán tres grandes lotes del terreno original —identificados como Lote 1A-1, Lote 1A-3 y Lote 1A-5— que en conjunto suman más de 1 millón de metros cuadrados.
Sin embargo, la inmobiliaria sostiene que esta decisión dejó el terreno restante fragmentado en diez retazos inconexos, sin continuidad territorial ni viabilidad comercial.
Terrenos “inútiles” y sin posibilidad de desarrollo
De acuerdo con el reclamo judicial, los terrenos que no fueron expropiados quedaron afectados por múltiples restricciones.
Lo anterior, debido a que parte de estos retazos se ubican en zonas de protección de quebradas, áreas verdes o zonas destinadas a cementerio según el Plan Regulador Comunal de San Antonio.
A ello se suman problemas de topografía, como fuertes pendientes y quebradas, altos costos de urbanización y, en algunos casos, falta de acceso a vías públicas, según exponen desde la inmobiliaria.
La empresa afirma que, tras la expropiación parcial, los terrenos remanentes dejaron de constituir una unidad económica, haciendo inviable su venta, arriendo o desarrollo inmobiliario, tanto para la propietaria como para terceros.
Por lo mismo, la inmobiliaria solicitó al tribunal que ordene al Serviu ampliar la expropiación a la totalidad del predio, argumentando que el daño patrimonial sufrido es una consecuencia directa del actuar del Estado.
Gloria Maira, delegada de Minvu en San Antonio, detalló que no reclaman por la expropiación como tal, sino por el tamaño del terreno a expropiar. Pese a ello, la autoridad dijo que respetarán lo que decrete el tribunal.
Ahora será el tribunal el que deberá determinar si la expropiación parcial efectuada por el Serviu cumple con la normativa vigente o si, como sostiene la inmobiliaria, corresponde que el Estado asuma el costo de expropiar la totalidad del terreno para evitar un perjuicio económico mayor.
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