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Este jueves comenzó el desalojo de la Megatoma del Cerro Centinela, en San Antonio, región de Valparaíso, donde más de 2.000 familias ocupan terrenos pertenecientes a la inmobiliaria San Antonio S.A.
El operativo contempla el retiro de viviendas en 115 hectáreas, mientras que el Gobierno decidió expropiar 100 de las 215 hectáreas ocupadas.
Desde el Ejecutivo se informó que las familias habían sido notificadas previamente y que ya se habían registrado desalojos voluntarios.
En conversación con La Radio, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, detalló que el proceso de demolición comenzó a eso de las 14hrs.
“Ya fueron desalojadas las primeras 44 familias”, señaló el gobernador, agregando que en el desalojo están participando cerca de 300 efectivos policiales.
También mencionó que durante la mañana se produjeron incidentes, con un saldo de tres personas detenidas.
Una por levantar barricadas y dos mujeres por transportar neumáticos en un vehículo con encargo por robo.
Un proceso largo y complejo
Mundaca advirtió que el desalojo será extenso y difícil. Según explicó, el ritmo proyectado es de dos hectáreas diarias, lo que podría extender el operativo por alrededor de 57 días.
Aunque reconoció que ese plazo podría no cumplirse. “Este va a ser un proceso largo, no exento de dificultades”, afirmó.
También señaló que cada parcela desalojada requerirá resguardo policial para evitar nuevas ocupaciones.
El gobernador sostuvo que la situación de Centinela refleja un problema habitacional de fondo.
“Somos la región con más asentamientos irregulares del país”, indicó, subrayando que nadie elige vivir en una toma.
Recordó que el plan original contemplaba la creación de cooperativas para comprar los terrenos, pero que no hubo acuerdo entre el Estado y los propietarios respecto al precio por metro cuadrado, lo que derivó en la expropiación parcial y en el actual desalojo.
Uso de la fuerza y resguardo policial en el desalojo
Respecto al actuar policial, Mundaca fue enfático en que el uso de la fuerza debe ser proporcional y disuasivo.
“Lo que no puede ocurrir aquí es que el desalojo cobre la vida de un poblador o de un efectivo policial”, advirtió, calificando ese escenario como un “camino sin retorno”.
Confirmó además que habrá resguardo permanente, especialmente durante la noche, para evitar reocupaciones de los terrenos desalojados.
El gobernador explicó que el municipio habilitó albergues temporales, como el gimnasio del Colegio España en el sector de Yoyeo.
Aunque reconoció que no existe garantía de que las familias no vuelvan a ocupar otros terrenos.
Planteó que las 100 hectáreas expropiadas deberían destinarse a un plan de vivienda y barrio digno, aunque admitió que no hay plazos claros.
“Va a depender de las nuevas autoridades y de la política de vivienda que se implemente”, señaló Mundaca, recalcando la necesidad de una atención preferente para niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
