Argumentado una afectación patrimonial de cerca de 150 millones de pesos, el empresario y dueño de un terminal de taxis de Valparaíso se querelló en contra del seremi de Transportes por el delito de prevaricación. Esto luego que cumpliera con la entrega de autorización para el funcionamiento de las instalaciones.

Una querella por el delito de prevaricación presentó en contra del seremi de Transportes de Valparaíso el empresario y dueño de un terminal de taxis, Leonardo Fortunato. Acusan que la acción de la autoridad, al no entregar la autorización de funcionamiento del recinto, le generó un daño patrimonial de 150 millones de pesos.

La acción judicial la ingresó su abogado, Carlos Lineros, ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, acusando una infracción al Código 229 del Código Penal, sujeto al delito de prevaricación por parte del seremi Beningno Retamal.

Este es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público, al momento de dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, lo hace a sabiendas de que esta es injusta y contraria a la ley.

Leonardo Fortunato conversó con Radio Bío Bío en Valparaíso y detalló el problema que surgió a raíz de la falta en la entrega de la autorización de funcionamiento de su terminal de taxis, lo cual le causó un daño patrimonial cercano a los 150 millones de pesos.

Documento autorización funcionamiento de terminal de taxis
Cedida a RBB

Además, según acusó Fortunato, la Seremi no actuó conforme a la Ley 19.880, la cual establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.

El Seremi de Transportes de la región de Valparaíso, Benigno Retamal, se refirió respecto a la querella criminal que se presentó en su contra, tras ser acusado de infringir el código 228 del Código Penal, el cual hace referencia al prevaricato, tras no autorizar el funcionamiento de un terminal de taxis.

La autoridad aseguró haber conversado en diversas ocasiones con las partes involucradas y que existieron dificultades legales para autorizar el funcionamiento de este espacio.

Tras presentar la querella, Fortunato informó que con la acción esperan que la autoridad sea suspendida del cargo y se le aplique una multa entre 6 a 15 UTM.