La acción legal, además de perseguir la responsabilidad penal de los imputados por el asesinato de la suboficial mayor de Carabineros, busca solicitar diligencias tendientes a demostrar si hay responsabilidad de la institución policial por falta de servicio.
Han pasado 33 días desde que la suboficial mayor de Carabineros, Rita Olivares Raio, falleció tras recibir un disparo en su cabeza en medio de un procedimiento policial al que concurrió en la comuna de Quilpué, región de Valparaíso. Tenía 43 años al momento de su cobarde crimen y se transformó en la mártir 1.232 de la institución policial.
A más de un mes, su caso hoy suma un nuevo antecedente. La familia de la fallecida funcionaria decidió querellarse por el delito de homicidio de Carabinero en el ejercicio de sus funciones en contra de los sujetos sindicados por el Ministerio Público como responsables de su deceso.
Hablamos de Luis Martínez-Conde Riesco, Edward Fuenzalida Leiva, Miguel Acevedo Tauda, Matías Peralta Parra, Maximiliano Fuenzalida Leiva y Elizabeth Soto Soto. Todos al día de hoy formalizados por el organismo persecutor por su eventual participación en delitos que van desde robo hasta homicidio.
La acción legal va en dos direcciones: buscar las máximas responsabilidades penales de los formalizados y dilucidar si hay responsabilidad de la institución policial por falta de servicio. Es decir, del Estado, para eventualmente perseguir las responsabilidades civiles por el daño causado al entorno de la entonces sargento segundo.
Son una serie de diligencias las que solicitaron los querellantes al Ministerio Público, señalan desde el entorno de la familia. Una de ellas, por ejemplo, apunta a oficiar a la policía uniformada de los informes y audios de CENCO de la denuncia recibida el día de los hechos y de las órdenes o comunicaciones internas de la institución.
Otra de ellas, en la misma línea, busca conocer la entrega de los elementos de seguridad a Rita Olivares, para así conocer si la suboficial mayor contaba con los resguardos necesarios para el tipo de procedimiento que le tocó afrontar el día de su muerte.
Claudio González Salgado, abogado querellante, explica que dichas diligencias buscan “establecer si Carabineros cumplió o no con su deber de proteger eficazmente la vida de la funcionaria”. El profesional, del estudio jurídico González & Compañía Abogados, agrega que la institución “está obligada a dar las condiciones e instrucciones adecuadas para su seguridad y la entrega del equipamiento de defensa y seguridad necesario para el cumplimiento de sus funciones”.
El deceso
En el caso de Rita Olivares Raio hay detenidos y formalizados. Se trata de seis sujetos que la madrugada del pasado 26 de marzo realizaron un robo al interior de un inmueble ubicado en el sector Belloto Sur, comuna de Quilpué, ilícito que no salió como esperaban. Y es que vecinos alertaron la presencia de los antisociales y dieron aviso a Carabineros.
Tras el arribo de efectivos policiales al lugar, los hoy imputados Matías Perales Parra, Maximiliano Fuenzalida Leiva, Edward Fuenzalida Leiva, Miguel Axel Acevedo y Luis Martínez-Conde Riesco, intentaron huir en dirección a un vehículo que los esperaba en las inmediaciones para concretar el escape. Todo esto, según se conoció, mientras disparaban contra los policías que acudieron al lugar.
Paralelamente, la sargento Olivares llegó al sitio del suceso en otro dispositivo percatándose de la huida de los hoy imputados, siendo también recibida a disparos. Esto ya que el radiopatrullas en el que acudió al lugar obstaculizaba la huida de los delincuentes. Tras descender del vehículo, que quedó a un costado del de los sujetos, recibió un disparo en la cabeza.
En medio del fuego cruzado se reportaron, al menos, seis disparos en contra del carro policial en el que se transportó Rita Olivares. Aquella madrugada fue detenido Edward Fuenzalida Leiva, quien estaba escondido en el sector, y con el paso de los días cayeron los restantes: Maximiliano Fuenzalida Leiva, Matías Peralta Parra, Elizabeth Soto Soto y Miguel Acevedo Tauda. Durante esta jornada, se espera que la familia acuda al tribunal para autorizar el poder a los abogados patrocinantes.
