Como grave calificaron las autoridades el presunto fraude al Fisco cometido por funcionarios del Serviu de Valparaíso, que investiga el Ministerio Público. “Se adueñaron de terrenos en la playa en Algarrobo”, fustigó el director del servicio en la región, Tomás Ochoa.
Un reportaje de BioBioChile reveló el martes cómo funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) traspasaron a cercanos terrenos de una alta plusvalía en Algarrobo, mediante la elaboración de documentación ficticia durante el 2015 y 2016.
El caso, que tiene como sospechosos a dos abogados y un arquitecto que trabajaban en el servicio, está en manos del fiscal Patricio Toro, de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC).
En el Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, el director del Serviu en Valparaíso, Tomás Ochoa, criticó que se enlode “a casi 500 funcionarios que trabajan de manera muy honesta todos los días”.
“Se le hizo un daño al Serviu, que es una institución muy noble del Ministerio de la Vivienda, pero también a mucha gente que lleva por muchos años esperando una casa. Resulta que llegan estos personajes y se quedan con un terreno en la playa, eso es básicamente, se adueñaron de terrenos en la playa en Algarrobo”, comentó Ochoa.
Tras conocer el hecho, el diputado Marcelo Díaz, del Partido Socialista (PS), aseveró que es un tema grave, sobre todo porque la región tiene muchos problemas en regularizaciones de títulos de dominio, y sería lamentable que los funcionarios estuvieran dedicados a estafar al Estado.
A pesar de que los funcionarios ingresaron al servicio en 2013, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, el diputado Andrés Celis responsabilizó a la administración de Michelle Bachelet.
Celis que no descartó que, además de los delitos de fraude al Fisco y estafa calificada, se configure el delito de asociación ilícita, por lo que oficiaría a la fiscal regional, Claudia Perivancich.
Por su parte el diputado Rodrigo González, del Partido Por la Democracia (PPD), mencionó que un abuso así debe ser investigado a fondo y tratado con la máxima rigurosidad y las mayores penas.
La querella fue interpuesta en noviembre de 2017, pero todavía no hay formalizados, pese a los antecedentes que se han entregado a Fiscalía.
