La Corte Suprema rechazó la apelación para que los recursos de protección por la crisis ambiental de Quintero y Puchuncaví sean defendidos por separado, mandatando que el próximo jueves 25 de abril más de 10 causas distintas sean defendidas por un procurador común.
La decisión fue tomada en medio de una solicitud de los abogados representantes de 43 familias de Quintero y Puchuncaví y del senador Francisco Chahuán, pidieran que la corte se pronunciara sobre la solicitud de fondo del recurso de reposición que fue enviado a la corte el 9 de abril.
En ese documento, cuestionaron que en vez de dar respuesta al oficio, el máximo tribunal optó por agrupar -arbitrariamente según indican- los recursos por tipos de instituciones que los presentaban.
Esto supone un duro revés para las pretensiones de los municipios, los pescadores y las organizaciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, considerando que todos responsabilizan a distintas empresas privadas, públicas y el Estado.
El abogado Christian Lucero, fue uno de los defensores que presentó la solicitud a la corte, bajo el argumento de que se estaba vulnerando el derecho de cada uno de los procuradores a ser escuchados.
“No ha existido plazo para ponernos de acuerdo, las partes no nos hemos puesto de acuerdo y la corte tampoco ha designado un procurador común en virtud de la falta de acuerdo, no sé cuando van a designar el procurador común y cuál va a ser el plazo para nosotros poder pronunciarnos respecto si estamos o no de acuerdo, porque tampoco nos pueden obligar a ser representados por alguien que nisiquiera conozca el caso”, dijo el abogado.
Quedan ocho días para que los alegatos se presenten de manera impostergable y en ese período una decena de equipos legales tendrán que llegar a un acuerdo o al menos discutir a quién termine designando la suprema.
