Uno de los dirigentes sindicales del Servicio Nacional de Menores (Sename) recibió, además de su sueldo en el organismo, otro por ser jefe de la carrera de Educación Parvularia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), según detectó Contraloría. Esto iría en contra del Estatuto Administrativo, al tener que cumplir con sus labores tanto en el Sename como en la casa de estudios a tiempo completo.
Radio Bío Bío ya había adelantado en enero que dirigentes del Sename en Valparaíso recibían millonarios sueldos pese a que sus asistencias estaban por debajo del 50 %.
Esta vez, en una auditoría realizada al Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Limache y al Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) de Playa Ancha, el órgano apuntó que Leonardo Comas, dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Regionales (Anfur), debía cumplir sus funciones en el centro de Limache como Educador de Trato Directo (ETD) en la jornada diurna, pero no estaba acudiendo a trabajar.
El Sename respondió que el funcionario estaba usando sus 44 horas semanales para labores como dirigente sindical desde agosto de 2016, es decir, no ejercía en el centro.
Sin embargo, mediante una carta, el pro secretario general de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) informó que, entre enero de 2017 y la actualidad, el dirigente sindical ejerció como tutor de prácticas y posteriormente como jefe de carrera de Educación Parvularia en esa universidad, con un contrato de 44 horas semanales.
Por esta situación, el centro en cuestión habría pedido a la Dirección Nacional de Sename que se le terminara el contrato. Los antecedentes deberán ser puestos en el sumario respectivo para determinar responsabilidades administrativas y se remitirán a la Fiscalía Local de Valparaíso por su carácter de eventual delito.
Comas recibió alrededor de 1 millón 400 mil pesos mensualmente en 2017 por parte del Sename.
Otras irregularidades
En su informe de casi 100 páginas, Contraloría acusó otras irregularidades. El ente detectó que se pagó 64 millones de pesos en exceso a funcionarios que fueron suspendidos en medio de sumarios administrativos, pues no se les descontó desde el mes correspondiente el 50% de su sueldo.
También, un niño habría manifestado que vio a dos de sus compañeros teniendo relaciones sexuales, mientras que un ETD no habría informado que sorprendió a dos niños “en una interacción muy cercana en términos físicos”. Contraloría pondría los hechos en conocimiento de Fiscalía.
Por otro lado, 24 Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) no concurrieron a citas por sus tratamientos de intervención o farmacológicos en recintos asistenciales, lo que deberá considerarse para las sanciones respectivas.
En cuanto a las fugas, de 96 casos de menores revisados, estas existieron en 87, variando entre una única fuga y 71. Asimismo, el informe denuncia diversos hechos que afectaron a los menores —como manipulación de cañerías de gas, adolescentes que espiaban a niñas, riñas y algunos que fumaban sustancias—, entre ellos, que una adolescente que fue bañada con ropa y encerrada en el baño, por lo que los antecedentes serían enviados a Fiscalía.
Se constató también que hubo jornadas excesivas de los trabajadores, las que variaron entre las 13 horas y las 151 horas seguidas. Al respecto, simplemente se instruyó buscar que este tipo de situaciones no afecte al cumplimiento de las tareas y a la atención a los NNA. Sobre los sumarios que llevan más de un año de tramitación, estos deberán ser terminados lo antes posible.
Finalmente, las cocinas del Cread de Playa Ancha y del Centro de Régimen Cerrado de Limache funcionaban sin la autorización sanitaria debida, por lo que deberán regularizar esa situación.
La auditoría completa a continuación:
