Parlamentarios del oficialismo y la oposición buscarán, con una serie de proyectos de ley, ampliar las facultades fiscalizadoras del Congreso con el Poder Judicial, para evitar casos como el de Rancagua.
La Fiscalía Nacional también prepara cambios para restringir la facultad unipersonal de los persecutores en casos de alta connotación pública.
Los presuntos delitos de corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde de forma inédita fue formalizado un ministro de ese tribunal, causaron un daño importante en la imagen del Poder Judicial, según reconoció la Corte Suprema. A eso se suma la investigación penal contra el fiscal de O’Higgins, Emiliano Arias.
En este complejo escenario, parlamentarios del oficialismo y la oposición buscan ampliar las facultades fiscalizadoras del Congreso con el Poder Judicial y el Ministerio Público.
El diputado de la UDI, Issa Kort, pedirá urgencia para un proyecto de ley ingresado en 2017, que permitiría a la Cámara acusar constitucionalmente al fiscal nacional y a los persecutores regionales.
La próxima semana, el diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsch, presentará un proyecto que busca ampliar la Ley del Lobby, para transparentar las audiencias que sostengan autoridades y fiscales.
El parlamentario aseguró que es necesario intervenir ante las irregularidades en el Poder Judicial.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, busca, por su parte, restringir la facultad unipersonal de los persecutores en casos de alta connotación pública.
El presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, rechazó esta iniciativa, por lo complejo de su definición.
El comité resolutivo propuesto por Abbott para resolver el curso de investigaciones de alto impacto estaría integrado por el persecutor regional que lleve el caso, el fiscal nacional y tres fiscales elegidos al azar.
