La Contraloría acreditó el acoso sexual y laboral del alcalde de Coihueco, Wilson Palma, contra una exfuncionaria municipal, calificando los hechos como de la máxima gravedad y vulneratorios del principio de probidad. Los concejales evalúan ahora una posible denuncia por notable abandono de deberes.
El abogado que representa a la víctima en estos hechos, Benjamín Martínez, del Estudio Jurídico MPM, fue el primero en referirse al informe de Contraloría que dio por acreditadas las denuncias de su representada.
“Se hizo justicia”
El documento firmado por el contralor regional de Ñuble, Daniel Fernández, ratificó el sumario que constató los actos de acoso sexual y laboral del alcalde de Coihueco, Wilson Palma, en contra de la ahora exfuncionaria municipal.
Ante eso, Martínez sostuvo que “con base en los hechos que nosotros denunciamos y con los antecedentes que proporcionamos, se confirmó que el alcalde había cometido conductas de acoso laboral y sexual”.
“Nos pareció muy bien que se haya hecho justicia y que un órgano contralor haya verificado la existencia de estos antecedentes”, añadió.
Evalúan requerimiento en TER
El informe de la Contraloría fue enviado al Ministerio Público, que ya abrió una investigación por abuso sexual contra el alcalde Palma, pero también fue remitido a los concejales.
El concejal Russel Cabrera confirmó la recepción del documento, a partir del cual -adelantó- se evaluará una denuncia por notable abandono de deberes ante el Tribunal Electoral. “Tenemos un pronunciamiento de Contraloría bastante demoledor y eso nos deja en posición de evaluar concurrir al TER”, reforzó.
A pesar de la respuesta recibida de parte del organismo contralor, la víctima, dijo su abogado, está aún muy afectada por el daño moral no solo de parte del jefe comunal, sino también de la opinión pública.
“La gente la prejuició señalando que ella buscaba dinero al no denunciar oportunamente. Lo que la gente no sabe es que ella denunció, pero los procesos son lentos”, dijo el abogado.
En paralelo a la acción administrativa, están pendientes dos demandas laborales, además de la causa en la Fiscalía, en cuyo marco el Juzgado de Garantía de Chillán decretó una medida cautelar que prohíbe al alcalde Palma acercarse a la exfuncionaria.