Fiscalía acusará a accionistas, gerentes generales, exalcaldes y asesores de distintas regiones por delitos de cohecho, lavado de activos, soborno y asociaciones ilícitas por ser presuntos cómplices de adjudicaciones de la empresa de licitaciones de proyectos que involucraban luminarias para distintas zonas del país.
El séptimo Juzgado de Garantía de Santiago programó la audiencia de preparación para el juicio oral del caso Luminarias LED, para el ocho de noviembre, a las 9:00 horas.
Esto luego de que la fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso presentara una acusación en contra de nueve empresas del grupo de Itelecom y de 19 imputados.
La investigación acreditó que la plana ejecutiva de la compañía ofreció sobornos, ya sea de forma directa o mediante funcionarios públicos, para favorecer la adjudicación de la empresa en licitaciones de proyectos de recambio de luminarias en distintas comunas del país.
Además de los delitos de soborno y cohecho, la fiscal Nayalet Mansilla imputó a los acusados por: violación de secretos, lavado de activos, asociación ilícita, delitos tributarios y responsabilidad penal de la persona jurídica.
El 18 de mayo de 2022 la Fiscalía presentó una acusación, no obstante, tras dos años de averiguaciones, las defensas de algunos de los demandados solicitaron ese mismo mes la reapertura y la realización de las investigaciones.
Posterior a ello, el Ministerio Público decidió cerrar el caso el pasado 26 de septiembre.
Exigencia de penas
En la acusación, la Fiscalía exige penas de cárcel efectiva que suman 28 años para León Marcelo Lefort Hernández, principal accionista y gerente general de las empresas del grupo Itelecom, por los delitos de soborno, lavado de activos, delitos tributarios y asociación ilícita.
Para los otros gerentes de la compañía; Pedro Guerra Guerrero, Leonardo Bustos Abarzúa y Ricardo Rodríguez Bizama el Ministerio Público pide sentencias de cárcel efectiva que suman 11 años para cada uno, por los delitos de soborno, lavado de activo y asociación ilícita.
En el caso del exfuncionario del Ministerio de Energía, Paul Pacheco Quintanilla, las penas solicitadas suman nueve años de cárcel por cohecho reiterado, lavado de activos y por delitos tributarios.
Caso Ñuble y Bío Bío
Así también, en el caso del asesor jurídico de la Municipalidad de Chillán, Marcelo Campos Henríquez, se solicitan 10 años de cárcel por el delito de cohecho, misma pena que exigida para el exconcejal de la misma comuna, Víctor Sepúlveda Barra.
En el caso del exadministrador de ese municipio, Ricardo Vallejos Palacios, se solicitan ocho años de cárcel, y respecto del empresario Víctor Amado Herrera, se solicitan siete años de cárcel por sobornar a aquellos funcionarios públicos.
A su vez, para el exacalde de Negrete, Francisco Melo Márquez, acusado por el delito de cohecho, se solicitan 818 días de cárcel.
Región de Aysén
Otros funcionarios públicos que cometieron cohecho son: Julio Villaroel Rojas, secretario de Planificación de la Municipalidad de Coyhaique, quien arriesga una pena de cuatro años de cárcel, y su par de la Municipalidad de Negrete, David Encina Fonseca, respecto de quien se solicitan dos penas de 540 días de cárcel.
En el caso del exalcalde de Coyhaique, Rigoberto Alejandro Huala Canumán, se solicitaron penas que suman cuatro años de presidio por cohecho reiterado.
Por su parte, también se acusó a los particulares Rogers Mariangel Oviedo, Alex Fuenzalida Villalobos, Cristian Ureta Bravo y George Latrille Hucke, por el delito de soborno.
A este último, además se le acusó por asociación ilícita y delitos tributarios.
A ellos se suman Javiera Correa Neira, por lavado de activos, y José Hidalgo Abarzúa por delitos tributarios.
Por último, en cuanto a las empresas del grupo Itelecom, en la acusación se pide su disolución, multas de 150 mil UTM y el comiso de los fondos que se encuentran sujetos a las medidas cautelares reales de retención e incautación; entre otras penas.
