Corte Suprema ordena a jueza de Chillán pagar deuda por $45 millones a prestamista

El fallo es definitivo y zanja una bullada disputa entre una prestamista y la hoy jueza del Tribunal Oral de Chillán, Claudia Montero, quien se ha desempeñado como ministra suplente en Cortes de Apelaciones e incluso como relatora en la Corte Suprema.

Justamente fue el máximo tribunal del país el que dictó la sentencia, al acoger la demanda de Carmen Julien Sepúlveda, por los 45 millones de pesos que hace 10 años prestó a la magistrada, acongojada por deudas con entidades bancarias y otros prestamistas.

Para el abogado de la demandante, Roberto Neira, es una satisfacción la resolución y más cuando -dice- fue el único profesional que aceptó representar a la mujer en el litigio con una magistrada.

“Uno se siente de alguna manera tranquilo con el trabajo que realizó, tomando en cuenta de que la demandante, en este caso, nunca quiso ser atendida por ningún profesional, porque la demandada en cuestión era una magistrada“, dijo el jurista.

Dilación en medida precautoria

El desafío ahora es hacer cumplir el fallo, adelantó el abogado Neira, dando cuenta del fracaso al intentar que el Primer Juzgado Civil de Chillán, donde se desempeñaba la jueza el año 2013, decretara el embargo de una propiedad, justamente para asegurar el cumplimiento de una sentencia hoy favorable.

Fue el magistrado que tramitó la demanda quien dilató la medida precautoria, indicó el abogado demandante, hasta que la Corte de Chillán la ordenó, sin que pudiera concretarse porque Claudia Montero había vendido el inmueble.

“Cuando se ingresa al conservador para trabar la medida precautoria sobre el bien raíz de la jueza demandada, en este caso el conservador rechaza la inscripción, porque la jueza durante todo ese tiempo ya había vendido meses antes la propiedad para burlar el cumplimiento de la sentencia“, explicó Neira.

Sobre esas aprensiones, la presidenta de la Corte de Chillán, ministra Erica Pezoa, dijo que el abogado tiene todas las herramientas legales para pedir el cumplimiento de la sentencia, sin importar que la condenada sea una jueza.

“En lo concreto, hay una persona que demandó, que tiene ahora una sentencia que puede pedir su cumplimiento como respecto de cualquier otra persona; sin que ninguna incidencia tenga en ello que la persona demandada tenga un cargo en el Poder Judicial. Por otro lado, la Corte de Apelaciones de Chillán, cada vez que ha debido intervenir, lo ha hecho con total apego tanto a la ley como a los antecedentes del caso”, manifestó.

Por este caso, el 2014, la jueza Claudia Montero fue sancionada administrativamente con una censura por escrito, en el marco de un sumario abierto por el Poder Judicial.