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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas condenó a Julio Alberto Colivoro Guirquell, de 56 años, por almacenamiento de material pornográfico infantil y captación no consentida de registros íntimos a mujeres. La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y la Fiscalía Local de Punta Arenas descubrieron que el acusado grababa a transeúntes con su celular. Tras un procedimiento simplificado, aceptó su culpa y recibió 41 días de prisión por cada delito, inhabilitación perpetua, prohibición de trabajar con menores y vigilancia por diez años. El tribunal otorgó la remisión condicional por un año bajo el control de Gendarmería, decretó el comiso del celular incautado y lo eximió de las costas del proceso.

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dictó sentencia condenatoria contra Julio Alberto Colivoro Guirquell, de 56 años, tras acreditarse su responsabilidad en los delitos de almacenamiento de material pornográfico infantil y captación no consentida de registros íntimos a mujeres en la vía pública.

Un trabajo de inteligencia liderado por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI, en conjunto con la Fiscalía Local de Punta Arenas, logró establecer que el sujeto utilizaba su teléfono celular para fotografiar y grabar a transeúntes en distintos puntos de la ciudad.

La jefa de la Brisex Punta Arenas, subprefecta Jessica Jerez, explicó que la labor policial se extendió “entre los años 2023 y 2025”, logrando establecer la conducta del imputado. Por ello, se concretó su captura y fue puesto a disposición del juzgado para su control de detención.

Procedimiento simplificado y pena en libertad para el imputado

Tras declararse la legalidad de la detención, la audiencia derivó en un procedimiento simplificado, instancia en la cual el acusado aceptó formalmente su responsabilidad en los cargos presentados por la Fiscalía.

Al considerar su irreprochable conducta anterior y su colaboración con la justicia, el Ministerio Público rebajó la pretensión punitiva en contra del imputado, lo cual fue admitido por el magistrado Ignacio Low.

Así, por el almacenamiento de pornografía infantil, se le aplicó la pena de 41 días de prisión y la inhabilitación absoluta perpetua para desempeñarse en establecimientos educativos o empleos que involucren el cuidado de menores.

A ello se sumó la prohibición para ejercer la guarda, la imposibilidad de ser oído como pariente y la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante diez años tras el cumplimiento del castigo principal.

En tanto, por la captación no consentida de imágenes, que afectó a víctimas menores de edad, sumó otros 41 días de prisión y una multa de 1 UTM a pagar en tres cuotas.

Finalmente, el tribunal otorgó la remisión condicional por un año bajo el control de Gendarmería, decretó el comiso del celular incautado y lo eximió de las costas del proceso.