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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Punta Arenas dio inicio al juicio contra un individuo acusado de lesiones graves, amenazas reiteradas y desacato en contexto de violencia intrafamiliar, solicitándose penas que superan los nueve años de cárcel por parte de la Fiscalía de Magallanes. Los hechos datan de 2024, con el acusado amenazando y agrediendo a la víctima, quien sufrió fracturas graves y contusiones.

El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Punta Arenas inició el proceso judicial en contra de un sujeto acusado por lesiones graves, amenazas no condicionales reiteradas y desacato en contexto de violencia intrafamiliar. Por estos hechos, la Fiscalía de Magallanes solicitó penas que superan los nueve años de presidio.

Según la acusación, los ilícitos ocurrieron durante 2024 en Punta Arenas, región de Magallanes.

El primer episodio se registró la tarde del 10 de marzo al interior de un inmueble en calle Claudio Gay, donde el imputado habría amenazado de muerte a la víctima, además de aquello, la habría agredido físicamente a sabiendas de que padecía hernias en la columna.

Producto del ataque, la mujer sufrió contusiones y fracturas calificadas como graves por el Servicio Médico Legal y que le causó a la víctima una incapacidad laboral superior a 35 días.

Acusan quebrantar orden de alejamiento

El segundo hecho ocurrió el 21 de junio en calle Waldo Seguel. En dicha oportunidad, el acusado habría abordado a la víctima en la vía pública en dos momentos del día para reiterar las amenazas de muerte.

Con esta acción, el hombre habría quebrantado de forma directa la orden de prohibición de acercamiento que la justicia había dictado en su contra el 13 de marzo.

“Lo que se imputa respecto del acusado es, en primera instancia, unas lesiones de carácter grave respecto de su cónyuge y un hecho que constituye desacato a raíz de esta misma denuncia”, explicó el fiscal Cristian Opazo durante el desarrollo del juicio.

La Fiscalía solicitó 5 años de presidio por lesiones graves, dos penas de 540 días por las amenazas y 3 años de reclusión por el delito de desacato. A esto se suma la prohibición de acercarse a la víctima por dos años tras cumplir las condenas.