El Tribunal Oral decidió absolver a un sujeto por infringir la Ley de Control de Armas, por lo que se levantó la medida cautelar que pesó en su contra desde el día de su detención. El hombre tenía un lanzacohetes en el living de su casa en Punta Arenas, región de Magallanes.
El Tribunal Oral decidió absolver a un hombre al que le incautaron un lanzacohetes en el living de su casa en Punta Arenas, región de Magallanes.
Tras 14 meses recluido, Christopher Aguilar Becerra pudo abandonar el Complejo Penitenciario de esta ciudad.
La acusación en su contra era por infringir la Ley de Control de Armas, por lo que se levantó la medida cautelar que pesó en su contra desde el día de su detención.
El acusado arriesgaba hasta cuatro años de cárcel por la posesión del lanzacohetes que le encontraron en su domicilio.
En tanto, el juicio en su contra se desarrolló durante dos jornadas, pero los jueces resolvieron que la prueba acreditó hechos que no constituyen el delito de la acusación del fiscal.
Lanzacohetes comprado por 30 mil pesos
Esta causa se inició a partir de la investigación de un homicidio frustrado.
La PDI tenía antecedentes de que Miguel Ángel Raniele –que estaba prófugo por una supuesta quitada de drogas que concluyó con un contador herido a bala– se ocultaba en el domicilio de Aguilar Becerra, ubicado en la población Nelda Panicucci.
La Brigada de Homicidios ingresó a la casa del acusado el 16 de noviembre del 2020. Aunque no encontraron al “Rulo” –como es apodado Raniele–, les llamó la atención un artefacto que decoraba el living: un lanzacohetes marca Armbust.
El acusado había comprado el artefacto en la “feria de las pulgas” de la Villa Alfredo Lorca por 30 mil pesos para decorar la vivienda, pero sus excusas no bastaron a las autoridades.
Tras esto, fue formalizado por no presentar las autorizaciones pertinentes de tenencia y se decretó su envío a la cárcel.
La medida cautelar se revisó en diversas oportunidades, pero siempre obtuvo el mismo resultado.
El Juzgado de Garantía, el Tribunal Oral e incluso la Corte de Apelaciones de Punta Arenas le mantuvieron la prisión preventiva.
Arma, peritos y juicio
El Ministerio Público insistió que el lanzacohetes era “una parte, pieza o dispositivo de un arma de fuego de alto poder destructivo” y que el acusado no acreditó su tenencia.
La defensa rebatió que el artefacto no era un arma, sino una pieza desechable, pues una vez disparada su munición no puede volver a ser utilizado. Así lo reafirmó uno de los peritos que testificaron durante el juicio.
“En la fotografía no logré evidenciar que ese elemento tuviese la coleta, que es un indicador de que ese elemento pudiese ser un lanzagranadas y que estuviese cargada”, dijo el oficial experto en balística, Cristián Espíndola.
A esto agregó que “este elemento no es un lanzagranadas, sino un tubo desechable”.
Durante el juicio también comparecieron funcionarios policiales y se exhibieron sets fotográficos del sitio del suceso. Los elementos fueron suficientes para que los jueces estimasen que el acusado no incurrió en un delito.
Tras comunicarse el veredicto de absolución, la jueza Rosa Francisca Luque ordenó que la prisión preventiva quedase sin efecto.
Aguilar Becerra –que escuchó la resolución desde la cárcel– no pudo contener las lágrimas. “Gracias”, dijo al tribunal.
