En prisión preventiva quedó un hombre detenido por la Policía de Investigaciones en Punta Arenas, luego de intentar recepcionar una encomienda que contenía droga avaluada en más de $40.000.000 en su interior.

El comisario Patricio Flores, jefe de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI, dio a conocer que “se logró el lunes detectar una encomienda. Previa orden judicial se abrió y se encontró un cilindro hidráulico, y, aplicando el análisis criminal con un escáner, se encontró 2 kilos 306 gramos de clorhidrato de cocaína, droga que en el comercio informal alcanza las 4.600 dosis”.

“El monto para las organizaciones criminales dedicadas a este tipo de delitos podrían bordear los 46 millones de pesos en ganancias. Tras las diligencias, se logró dar con la detención del sujeto que iba a retirar la encomienda. Estamos hablando de un inédito método de ocultamiento, que en este caso corresponde a un cilidro hidráulico impregnado con aceite de motor, con el objeto de burlar los controles”, sostuvo.

El hecho ocurrió el lunes cerca de las 13:30 horas, cuando personal de la Brigada Antinarcóticos y del Crimen Organizado (Brianco) de la Policía de Invetigaciones, acompañados de perros detectores de droga, identificaron en una empresa de transporte una encomienda dirigida a L.A.A.J. (40 años) que llamó especial atención de los perros.

Con autorización judicial se revisó con un escáner una caja de cartón que transportaba un cilindro hidráulico. En ese momento el hombre de 40 años llegó a retirar la encomienda, lugar donde el personal policial le realizó el control de identidad, momento en que el sujeto reconoció que dentro del cilindro venía una sustancia ilícita.

En el interior de dicho instrumento se logró encontrar 2 kilos 306 gramos de clorhidrato de cocaína. El imputado arrastraba una condena previa en la región Metropolitana por microtráfico de drogas del año 2012, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva, la que fue acogida por el juez.

En la instancia, el abogado defensor pidió que se aplicara la cautelar de arresto domiciliario, argumentando que su representado tiene cuatro hijos, entre ellos, varios menores de edad.

Al respecto se refirió el fiscal de drogas del Ministerio Público, Manuel Soto, quien señaló que “se formalizó a un ciudadano que fue detenido el lunes luego que personal de la PDI realizó labores propias de su especialidad”.

“Uno de los canes detectores de droga marcó una encomienda, se tomó contacto con la Fiscalía y se coordinó con el tribunal de Garantía con la apertura de la caja, la cual contenía un cilindro cerrado herméticamente. Se detuvo al imputado y se formalizó como autor de un delito de tráfico de drogas y el tribunal compartió los antecedentes expuestos por el Ministerio Público y decretó la medida de prisión preventiva”, aseguró.

L.A.A.J. señaló ante el tribunal que fue contactado por un ciudadano colombiano, quien junto a otros extranjeros se dedica a la venta de droga, declaración que realizó para colaborar con la investigación.

“Yo soy víctima de esto que está pasando. Yo fui a buscar esta encomienda, pero di el nombre de quien la envío, entregué mi teléfono. Lo hice por necesidad, vine a trabajar a Punta Arenas y llevo dos meses sin trabajo desde que empezó esta pandemia. Vine a cambiar mi vida, estaba trabajando bien, y por necesidad lo hice”, señaló el hombre.

En la misma línea, señaló: “Estoy arrepentido, porque necesitaba darle algo a mis hijos, llevo dos años en Punta Arenas y me vine de Santiago (…) (para) no meterme en nada. No soy traficante, solo fui a buscar la encomienda porque necesitaba comprar leña para calefaccionar mi casa”.

El imputado reveló que mientras trabajaba en el rubro de la construcción hace un año conoció a un ciudadano colombiano a quien le compraba marihuana para consumir. Agregó que en una ocasión el extranjero le solicitó retirar una encomienda ofreciéndole 200 mil pesos, en primera instancia no aceptó, pero por necesidad, según señaló, en esta ocasión lo realizó.

El plazo para el cierre de la investigación se fijó en 60 días, periodo en que tendrán que desarrollarse todas las diligencias pertinentes.