Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
Gobierno, Fiscalía y Defensoría Penal cuestionan Indicador Nacional de Crimen Organizado de la USS que reporta un aumento del 100% en delitos en Los Ríos en casi dos años. El estudio del Cescro analiza 76 ilícitos relacionados con crimen organizado, señalando un incremento del 99,5% en casos en 2024 comparado con 2023. Autoridades señalan falencias en el indicador, solicitando definir qué es crimen organizado y realizar precisiones en la categorización de delitos.
El Gobierno, la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública cuestionaron el Indicador Nacional de Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, que da cuenta de un incremento sostenido de estos delitos en la región de Los Ríos, en casi un 100% en cerca de dos años.
En su sede en Valdivia, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del plantel presentó el estudio. En él, se analizaron 76 ilícitos vinculados al crimen organizado, agrupados bajo criterios de gravedad del delito, mercados criminales; corrupción, amenazas y violencia; carácter organizado y potencial transnacional.
De esa forma, el informe indica que en 2024 se ingresaron 3.904 casos a la Fiscalía en Los Ríos, lo que es un alza de un 99,5% respecto a 2023 y de 147% en comparación a 2022.
Además, el año pasado, la tasa alcanzó los 1.014 delitos por cada 100 mil habitantes, con variaciones al alza en corrupción, delitos asociados a organizaciones criminales y presencia de armas.
Así lo indicó la investigadora del Cescro, Pía Greene, quien indicó que los delitos de ese tipo en Los Ríos “son número pequeños en comparación a otras regiones del país, pero los aumentos son importantes de destacar“.
Autoridades advierten falencias en indicador de la USS
El trabajo realizado fue expuesto a estudiantes y representantes de instituciones policiales y de justicia, que si bien valoraron la labor, llamaron a hacer distintas precisiones.
En esa línea, el defensor penal público, Óscar Soto, llamó a -primero- ponerse de acuerdo respecto a “qué es el crimen organizado”.
Una opinión similar tuvo el director regional de Reinserción Juvenil, Germán Díaz, quien dijo que “el índice se debiera llamar criminalidad asociada al crimen organizado (en vez) que indicador de crimen organizado, porque eso tiene un impacto en la esfera pública”.
En tanto, la fiscal jefe de Valdivia, Alejandra Anabalón, no descartó que en el informe haya distorsiones, marcando diferencias con algunos delitos que el índice sí categoriza como crimen organizado y ellos no.
Asimismo, el delegado presidencial regional, Jorge Alvial, también pidió que se esclarezca qué delitos son de crimen organizado. Advirtiendo que la región efectivamente tuvo un aumento en homicidios, pero “el 50% de los homicidios fue en la cárcel y otro 30% fue riña rural”, cuestionando si eso correspondería a crimen organizado.
Tras estos alcances, Pia Greene dijo que agradecen todos estos insumos porque la metodología usada está en proceso y en construcción, para que sea un real aporte a la construcción de política pública. Así, anunció para mediados de 2026 el tercer informe de crimen organizado de la USS.
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