En prisión preventiva quedaron 4 de los 55 imputados acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a la extracción, traslado y venta ilegal de productos marinos entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos.
Cabe recordar que entre los involucrados hay dos carabineros dados de baja, un exseremi –Guillermo Quiroz, que fue director (s) regional de Sernapesca- y un asesor de la alcaldesa de Valdivia Carla Amtmann -identificado como Pablo Sánchez-.
En concreto, el Juzgado de Garantía de Valdivia decretó la medida cautelar de prisión preventiva a I.R.C., S.M.N., A.V.R. y M.U.S., imputados por el Ministerio Público en calidad de autores de diversos delitos asociados a la comercialización ilegal de especies hidrobiológicas.
En la audiencia de formalización, el magistrado Fabián Duffau García ordenó el ingreso de I.R.C., S.M.N. y A.V.R. al Centro Penitenciario de Valdivia.
Lo anterior, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
En el caso de M.U.S., por peligro de fuga, por lo que estableció una caución (fianza) de $10.000.000. Además, fijó en 100 días el plazo de investigación.
En tanto, J.P.I., H.O.G. y J.L.C.T. quedaron sujetos a las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados.
Por otra parte, a J.P.V.R. se le impuso el arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional y la prohibición de comunicación.
Finalmente, los otros 47 imputados en la causa quedaron con arraigo nacional y firma quincenal.
La red de venta ilegal de productos marinos
Según el ente persecutor, la organización operaba mediante tres subgrupos estructurados que traficaban grandes volúmenes de recursos pesqueros desde la región de Los Lagos hacia la ciudad de Valdivia.
La red delictual mantenía ramificaciones hacia las regiones de La Araucanía y Metropolitana. Unidades que trabajaban de manera coordinada para evadir controles sanitarios, de trazabilidad y tributarios.
En el caso de la primera estructura, liderada por I.R.C y S.M.N., se abastecía de cargamentos ilícitos en Calbuco, a través de dos proveedores imputados en el caso.
Aquella rama, además, contaba con una red de recaudación de dinero en la Feria Fluvial de Valdivia y la colaboración de cajeras del peaje en La Unión, las que les avisaba de eventuales fiscalizaciones en la ruta.
La segunda estructura, dirigida por J.P.I., tenía su centro de acopio y comercialización en puestos de la Feria Fluvial de Valdivia.
Finalmente, tercera estructura era abastecida por un “clan familiar” de Calbuco y movilizaban entre 2.500 y 3.000 kilogramos dos veces por semana.
Asimismo, la organización contaba con la participación activa de funcionarios de Carabineros y Sernapesca, quienes actuaban como brazos operativos.
Las ganancias obtenidas por el comercio ilícito de productos del mar, le permitió a la organización obtener un patrimonio estimado en $4.500.000.000 (cuatro mil quinientos millones de pesos).
Para ello, la red implementó un masivo esquema de lavado de activos, que incluía el uso de múltiples cuentas bancarias, la adquisición de vehículos de alto valor, viviendas e inversiones inmobiliarias.
Estas actividades produjeron un perjuicio fiscal calculado, solo respecto de la evasión del impuesto al valor agregado (IVA), en $855.000.000 (ochocientos cincuenta y cinco millones de pesos).
En la causa, a tres imputados se les sindicó como los responsables de comercializar salmón no apto para el consumo humano, obtenido desde una planta clandestina en Puerto Montt; en el caso de uno de los líderes se encontraron e incautaron armas de fogueo y municiones.
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