Allanan vivienda de machi Millaray Huichalaf en Río Bueno por investigación por usurpación violenta

La Policía de Investigaciones (PDI) allanó la vivienda de la machi Millaray Huichalaf en Río Bueno, operativo que se enmarca en una investigación por una usurpación violenta que afectó a una empresa noruega que construye una central hidroeléctrica entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

Según la información entregada por la policía, el procedimiento se realizó en el sector rural El Roble Carimallín. No se registraron inconvenientes ni personas detenidas.

Los hechos investigados ocurrieron el 23 de febrero del 2023, cuando entre 20 y 30 encapuchados ingresaron a las instalaciones de la empresa noruega Statkraft, luego de forzar el cierre perimetral, provocando daños y robando elementos que no fueron precisados.

Todo esto en el marco del conflicto que existe entre las comunidades indígenas de la zona con la compañía extranjera, lideradas por la machi Millaray Huichalaf, y que se originó por el proyecto hidroeléctrico que se está instalando en el río Pilmaiquén, en el límite entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

Estas obras están paralizadas a la espera de que finalice una consulta indígena que fue ordenada por la Corte Suprema tras un recurso presentado por las comunidades de la zona, proceso que está efectuando el Consejo de Monumentos Nacionales.

Pero el operativo fue cuestionado por comunidades indígenas de la región de Los Ríos, que a través de una declaración pública a la que accedió Radio Bío Bío, acusaron que hubo un excesivo uso de armamento y contingente policial militarizado, lo que habría generado un ambiente de hostigamiento y amedrentamiento en la vivienda de la machi Huichalaf.

También se cuestionó una supuesta obstrucción y bloqueo de los caminos colindantes, vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes que se encontraban en el lugar y, por último, que la PDI no exhibió la orden judicial que autorizaba el allanamiento.

Un hecho que para las comunidades no es aislado, apuntando a un hostigamiento constante a Millaray Huichalaf con un sobrevuelo seguido de drones por su vivienda, que incluso han interrumpido sus funciones espirituales y médicas, exigiendo sanciones a los responsables y el respeto a los derechos de autoridades ancestrales conforme al convenio 169 de la OIT.

Desde el Gobierno se limitaron a indicar que el Ministerio Público debe pronunciarse respecto al operativo de la PDI. Sin embargo, desde la Fiscalía evitaron referirse, argumentando que es una causa reservada.