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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El municipio de Paillaco, en la región de Los Ríos, fue condenado a pagar más de 20 millones de pesos a seis profesoras que se acogieron a retiro voluntario, luego de que la casa edilicia se negara a cancelarles sus remuneraciones de enero y febrero de este año.

La justicia condenó al municipio de Paillaco, región de Los Ríos, a pagar más de 20 millones de pesos a un grupo de seis profesoras que se acogieron a retiro voluntario, por sus remuneraciones de enero y febrero de este año que la casa edilicia no quería cancelar, pero que -según un tribunal- les corresponde por ley.

El Juzgado de Letras y Garantía de la comuna acogió una demanda de cobro de prestaciones laborales en contra del municipio, interpuesta por seis docentes titulares de distintos establecimientos educaciones con más de 40 años de servicio, las que en el contexto del traspaso de la administración municipal a la pública, se acogieron al beneficio de renuncia voluntaria en diciembre de 2024.

Esta acción significó recibir una bonificación establecida por la Ley 20.976, la que estuvo a cargo de la casa edilicia como sostenedora.

Sin embargo, el municipio se negó a cumplir con la prórroga de los contratos vigentes según establece el Estatuto Docente, impidiendo el pago de sus remuneraciones correspondientes a enero y febrero de 2025, indica la demanda.

Para la casa consistorial, aquella disposición es aplicable a docentes a contrata, y además, porque desde el 1 de enero ya no es empleador de los demandantes, tras el traspaso de labores al Servicio Local de Educación Pública de Valdivia.

Además, se apoyó en dictámenes de la Contraloría que desestimaba reclamos similares al no existir una continuidad laboral.

Ante la revisión de los argumentos, testimonios y pruebas presentadas por las partes, el tribunal dio por establecido que la obligación de pagar es del municipio por ser una prórroga legal, que opera por el solo ministerio de la ley cuando el contrato estaba vigente al 1 de diciembre del año anterior, derecho que se consolida antes del traspaso al SLEP, indica el fallo, que además se apoya en resoluciones de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema.

Para el presidente comunal del Colegio de Profesores de Paillaco, Patricio Fuentes, el fallo deja un precedente por la situación coyuntural de traspaso de la educación municipal al SLEP, prevaleciendo la aplicación de la ley en beneficio de las docentes.

El dirigente señaló que las profesoras que demandaban entre un poco más de $2.600.000 y $4.000.000 por sus remuneraciones de enero y febrero, están conformes y tranquilas, aunque en algunos casos por pasar por problemas de salud, destinarían esos recursos a tratamientos médicos, creyendo que el municipio acatará lo resuelto por el tribunal.

El alcalde de Paillaco, Cristian Navarrete, en conversación con Radio Bío Bío, junto con destacar la trayectoria de las exdocentes, informó que mantienen sus argumentos y que analizan con el equipo jurídico cuáles van a ser las acciones a seguir respecto a este fallo.

Asimismo, adelantó como arista que quien se tendría que hacer responsable de este pago es el Servicio Local de Educación Pública, por ser sostenedores de la educación en los meses del pago en cuestión.

En ese sentido, el jefe comunal aseguró que por este caso quedaría en evidencia que la justicia y la Contraloría no están conversando sobre temas semejantes y por un mismo punto, lo que podría generar incluso ambigüedades por las investigaciones por el uso de licencias médicas, según dio como ejemplo.

Este es un fallo judicial es de primera instancia, por lo que puede ser apelado dentro de un plazo de 10 días.