La madrugada de este martes 16 de diciembre marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción carcelaria. Se trata de un operativo de carácter nacional, denominado Operación Apocalipsis, encabezado por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, bajo la conducción del fiscal regional Marcos Pastén.
El procedimiento contempla 77 órdenes de detención – que al cierre de este artículo se estaban materializando – y que se ejecutaban de manera simultánea en siete regiones —Metropolitana, Maule, Bío Bío, La Araucanía, Ñuble, Los Ríos y O’Higgins— y en nueve establecimientos penitenciarios, además de decenas de domicilios particulares, en uno de los despliegues más amplios y coordinados de los últimos años en el sistema penitenciario chileno.
Según confirmaron a Radio Bío Bío fuentes policiales que conocen del procedimiento, 690 funcionarios fueron movilizados: 500 detectives de la PDI y 190 integrantes de Gendarmería (GENCHI) en labores de apoyo y control interno.
La Fiscalía Occidente y PDI durante meses levantó una mega investigación intramuros sobre qué estaba pasando dentro de las cárceles y con ello fue estableciendo un mapa de una estructura criminal que movería más de 6.300 millones de pesos en los últimos tres años.
Está estructura criminal que operaban desde el interior de Santiago 1 y del CPF de San Joaquín, extendería sus tentáculos hacia distintos puntos del país. El diagnóstico, coinciden fiscales y policías, fue contundente: un ecosistema delictual instalado, funcional y estable, donde funcionarios públicos se habrían coludido con redes externas y con internos para sostener un circuito de ingresos ilegales, cohecho y tráfico de bienes prohibidos.
Esquema: corrupción como sistema
La investigación permitió acreditar que grupos criminales externos pagaban sobornos a funcionarios de Gendarmería para ingresar a las “manillas”, personas dedicadas a ingresar objetos al penal. Estas mujeres u hombres, los cuales se les paga por cada ingreso, lo hacían en grandes bolsas que ocultaban teléfonos, drogas, alcohol, chips, ropa, comida y otros artículos prohibidos. También solicitaban el ingreso irregular de personas haciéndose pasar por visitas autorizadas, las llamadas “gatitas”, sin registro formal ni cumplimiento de requisitos. En síntesis no dejaban huella.
De acuerdo con fuentes que conocen de la indagatoria, este patrón se consolidó como una estructura estable, con roles definidos y un flujo permanente de dinero. No es un conjunto de hechos aislados. Es una organización con niveles, logística y una relación de mutua conveniencia entre internos, civiles y funcionarios corruptos, explicó un miembro del equipo.
“Las Manillas”: la industria paralela instalada en la puerta del penal
El primer y más evidente fenómeno criminal detectado fue el de “Las Manillas”, ubicado fuera de los accesos de “Visitas y Encomiendas”. Allí operaban al menos siete agrupaciones, cada una dirigida por un jefe de manilla, coordinador directo con internos y con gendarmes coludidos.
Bajo ellos actuaban los manilleros, encargados de recibir la mercancía ilícita, confeccionarla en las bolsas, enrolarse como supuestos visitantes y realizar los pagos: transferencias, depósitos o efectivo. El trabajo terminaba con la entrega directa de la encomienda al funcionario de turno en el módulo correspondiente.
Fuentes ligadas a la investigación sostienen que más de 40 gendarmes estaban ligados a este sistema. Cada producto tenía tarifa: no era casualidad ni improvisación. Era un mercado negro bien estructurado, explican las mismas fuentes.
Aduana interna: cómo se vulneró la seguridad de “alto estándar”
El segundo nivel de corrupción se detectó en el Control Peatonal —la llamada “Aduana”—, un punto diseñado para impedir el ingreso de elementos prohibidos mediante escáneres corporales, arcos detectores y máquinas similares a las utilizadas en aeropuertos internacionales.
Para burlar esta barrera, los funcionarios corruptos se habrían coludido con colegas a cargo del control. A cambio de pagos previamente acordados, permitían el ingreso de equipos telefónicos, sustancias ilícitas y otros objetos, sin registrar el procedimiento ni activar las alertas correspondientes.
Cuando el propio sistema de control es capturado, el riesgo institucional se multiplica. Es un golpe directo a la seguridad penitenciaria, indicó una fuente de Gendarmería que conoció del procedimiento que se transformó en la base de esta investigación.
Módulos internos: “Delivery”, “Feria” y “Rescate”
Una vez dentro del penal, el llamado “ecosistema delictivo” se diversificaba. La fiscalía y PDI identificó tres modalidades operativas entre gendarmes y población penal:
1. El Delivery
Los internos encargaban directamente celulares, sustancias o productos prohibidos. El funcionario recibía pagos vía transferencia, depósitos a cuentas vista como Cuenta RUT del Banco Estado o efectivo. Se trataba de una relación comercial directa y estable.
2. La Feria
Funcionarios ingresaban productos por cuenta propia para venderlos a precios abusivos. Este punto es importante, puesto que no son pocos los gendarmes que crearon sistemas para el ingreso, entre ellos carne para asados, bebidas alcohólicas y otros insumos ilícitos.
Tarifas registradas en la investigación:
– Teléfono celular: $350.000 – $400.000
– Cargador: $50.000
– Chip: $15.000
3. El Rescate
La investigación también dejó en evidencia cómo algunos gendarmes, con órdenes de detención ahora, se comportaban como delincuentes. Durante allanamientos, dichos funcionarios sustraían equipos incautados y los revendían, incluso a los mismos internos que acababan de perderlos.
Una fuente policial calificó este esquema como “el ciclo perfecto de la corrupción: incautaban, robaban y revendían”.
G.A.R.P., “El Avión”: movilidad ilícita y capturas manipuladas
El Grupo de Apoyo y Reacción Primaria (G.A.R.P.), encargado del traslado de internos y apoyo a allanamientos, también resultó involucrado. Según la fiscalía, algunos funcionarios del equipo permitían desplazamientos irregulares de reclusos entre módulos, portando objetos prohibidos.
Durante allanamientos, además, retenían teléfonos incautados para luego entregarlos a otros gendarmes que los comercializaban al interior del penal.
Era una economía interna donde cada actor tenía su ganancia asegurada, resumió una fuente que conoció del proceso.
Técnicas investigativas: escuchas, seguimientos y levantamientos bancarios
Lo descubierto no es fruto del azar. La fiscalía desplegó un conjunto de técnicas intrusivas que, según confirmaron las mismas fuentes de este reportaje, permitieron desarticular la estructura completa.
Dentro de ellos se pudo tomar declaraciones de coimputados y testigos directos, es decir, gendarmes que, aburridos del comportamiento delictuoso de sus pares, decidieron prestar colaboración, cumpliendo con la ley que obliga a los funcionarios públicos a denunciar actos ilegales.
Con el mapa se procedió, tal como se realiza con narcotraficantes o indagatoria de corrupción, a la Interceptación telefónica y análisis extensivo de WhatsApp.
La PDI también montó vigilancias operativas, las cuales resultaron claves para conocer el modelo y mecanismo de estas organizaciones.
Con los datos, fiscales y policías analizaron cientos de horas de cámaras internas de los penales para entender cómo y en qué momento se producían las vulneraciones de seguridad. Evidentemente, para mayor eficiencia, señaló una fuente, se ocuparon agentes encubiertos y entregas controladas.
En la misma línea, se contó con declaraciones de internos y visitantes irregulares. Todos ellos ayudaron armar y entender el engranaje de estas organizaciones.
Con todo, en la última etapa de la investigación se contó con el alzamiento del secreto bancario y análisis financiero de todos los imputados. Evidentemente con las autorizaciones del tribunal respectivo.
La revisión de cuentas permitió acreditar movimientos reiterados entre familiares, uso de testaferros y adquisición de bienes sin justificación económica. Para la fiscalía, este punto sería clave para sustentar delitos de lavado de activos, cohecho, soborno y asociación criminal.
El megaoperativo de la Fiscalía Occidente no solo deja cifras inéditas: 42 gendarmes en la mira y 35 civiles, entre los civiles existen ciudadanos colombianos y bolivianos, además de chilenos.
La caída
Se llegó al 16 de diciembre luego que los investigadores, fiscales con miembros de la policía civil, pudieron establecer completo el orden y funciones de estas organizaciones. Tema que si bien parece fácil, el miedo a denunciar o entregar detalles fue evidente por el grado delictivo de los gendarmes involucrados en estas organizaciones.
Sin embargo, con las nuevas autoridades de Gendarmería de Chile se pudo acelerar procesos, ejemplo es que se identificaron funcionarios idóneos para que participen en la mega investigación.
Según fuentes ligadas al levantamiento de datos, estos gendarmes, que corren serios riesgos de ser amenazados o atacados por sus propios pares, se les ha mantenido en el completo anonimato. Es sabido que los uniformados carcelarios podrían amenazarlos con coronas de flores o simplemente atacar sus residencias, como ya ocurrió. Estos puntos han sido preocupación de los investigadores y autoridades a cargo.
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