La Corte de Apelaciones de Valdivia solicitó un informe a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), para conocer los efectos de los químicos de las bombas lacrimógenas que utiliza Carabineros.

La acción se desprende de la tramitación de tres recursos de protección acumulados y que tramita el tribunal de alzada. Las presentaciones fueron realizadas por particulares, y por diferentes estamentos de la Universidad Austral de Chile y de la Universidad de Los Lagos.

Las recurrentes acusan distintas acciones debido al actuar de Carabineros, entre estas se encuentra la vulneración, privación y amenaza del derecho de protestar, manifestarse pacíficamente, y del derecho al libre tránsito, así como vivir en un ambiente libre de contaminación.

En dicho contexto, el tribunal de alzada accedió a la solicitud de uno de los recurrentes, pidiendo a la SMA un informe sobre los efectos perniciosos en la población ante la exposición diaria del químico de las bombas lacrimógenas.

La presidenta del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral, Claudia Letelier, valoró la decisión de la Corte y espera una pronta resolución.

“Esperamos que esto salga luego porque necesitamos detener la forma en cómo se están deteniendo las manifestaciones, que es un derecho fundamental de los ciudadanos”, afirmó.

Desde la Dirección Jurídica de la Universidad de Los Lagos, Víctor Álvarez, se refirió al recurso de protección que forma parte de la acción legal, donde un estudiante de psicología se vio afectado por el actuar de Carabineros.

“Este recurso de protección se interpuso respecto del uso de determinados medios disuasivos de la fuerza pública, planteando que había una afectación al derecho a la integridad física y psíquica de las personas y al derecho de reunión que establece la Constitución”, detalló Álvarez.

Por dichas acciones legales, en Osorno -que depende de la Corte de Valdivia- se mantiene una orden de no innovar que ordenó a Carabineros abstenerse del uso de escopetas antidisturbios en el contexto de manifestaciones pacíficas, debiendo ceñirse, estrictamente al protocolo dispuesto por el Ministerio del Interior y Seguridad.