Los cuatro pescadores detenidos durante este sábado por su participación en el bloqueo de la Ruta 5 Sur, que imposibilitaron el paso de las ambulancias al fatal accidente en Lanco, fueron formalizados por desórdenes públicos e impedir el tránsito por la vía.

Además -paralelamente- el Gobierno presentó una querella a través de la Ley de Seguridad del Estado.

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La jornada de este domingo, en el Juzgado de Garantía de Mariquina, se llevó a cabo la formalización de los detenidos que este sábado participaron en manifestaciones y bloqueo de la ruta a la altura del sector Ciruelos.

El fiscal de la comuna, Alejandro Ríos, señaló que fueron formalizados por alterar el orden público e impedir el acceso a las personas.

En tanto, el Gobierno -paralelamente- presentó una querella invocando la Ley de Seguridad del Estado.

Lo anterior, por la eventual responsabilidad de las manifestaciones en el accidente, tal como expresó la abogada querellante, Daniela Krauss.

“Por el corte de la carretera algunos buses se tuvieron que detener (…), en ese sentido, uno pudiese ver que existiría una relación de esos hechos con el corte”, mencionó.

El juez de Garantía de Mariquina, Guillermo Olate, detalló las eventuales penas que arriesgan los formalizados ante esta querella.

“Pues bien en la Ley de Seguridad del Estado se establece una figura distinta, (…) esta es una ley especial que tiene asignado una penalidad de 541 a los 5 años, y 10 años y un día a presidio perpetuo”, informó.

Al respecto, el vocero de los pescadores en la zona, Luis Ortiz, aseguró que el Gobierno intenta responsabilizarlos de los hechos, con el fin de quitarle valor a la movilización ejecutada en todo el país.

Las medidas cautelares establecidas son de prisión nocturna para dos de los detenidos y diurna para los restantes, además de arraigo nacional y firma mensual por los 100 días que dure la investigación.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)