La Justicia ordenó al Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap) en Los Ríos a pagar más de 30 millones de pesos a una exfuncionaria, tras ser despedida tras un sumario con irregularidades y que no pudo probar una supuesta falta a la probidad.

Ello, por la figura de vulneración de garantías fundamentales y la acción de lucro cesante en favor de la mujer, quien se desempeñaba en el área de cobranzas al interior del organismo.

A ella, se le indagó administrativamente por supuestamente entregar un crédito a un familiar utilizando claves secretas de otros funcionarios, algo que habría ocurrido en julio de 2016.

Después de analizar todas las pruebas presentadas, el Tribunal determinó que en la acción sumarial no se detecta ninguna participación de la exfuncionaria, calificando como deficiente la investigación administrativa, en donde se constata que excolegas la exculpan, indagatoria que además omitió la realización de peritaje informático, entre otras cosas.

Incluso, según la sentencia, la demandante dijo en su oportunidad que para el otorgamiento del crédito ella buscó inhabilitarse, sin que se le acogiera esta petición.

Producto del mismo sumario, tuvo un daño psicológico y a la honra al ser despedida en marzo de este año por una imputación no comprobada, a pesar de que por su condición de funcionaria a contrata, debía seguir en su cargo hasta diciembre de este año.

Para el Tribunal, hubo un despido discriminatorio grave, acogiendo la demanda como lo confirmó la abogada Ximena Águila.

Por este caso, la Contraloría ordenó a Indap reabrir el sumario para que explique cómo llegó a tales conclusiones, que en la arista Judicial fueron desechadas por el Tribunal.

El caso está aún con recursos pendientes.