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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El empresario agrícola Érico Jaramillo Ávila fue detenido e ingresado a la cárcel de Puerto Montt, región de Los Lagos, tras ser interceptado al tramitar documentos en el Servicio de Impuestos Internos. Jaramillo, prófugo de la justicia, fue formalizado por emitir boletas o facturas fraudulentas por más de $160 millones. A pesar de haber comparecido ante tribunales en Aysén a principios de julio, no se presentó voluntariamente en el recinto penitenciario, lo que desencadenó una rápida actuación policial.

El empresario agrícola, Érico Jaramillo Ávila, fue detenido e ingresado a la cárcel de Puerto Montt, región de Los Lagos para cumplir prisión preventiva en el marco de la investigación de un presunto fraude al Fisco.

El sujeto, que era prófugo de la justicia, fue interceptado cuando llegó a tramitar documentos en el Servicio de Impuestos Internos.

Cabe recordar que Jaramillo fue formalizado por la emisión fraudulenta de boletas o facturas para declarar impuestos por más de $160 millones.

El hombre compareció ante los tribunales a principios de julio mientras estaba en la región de Aysén y debía presentarse voluntariamente al recinto penitenciario más cercano, pero nunca asistió.

Alerta desencadenó rápido actuar policial

El fiscal Patricio Llancamán entregó detalles de la situación.

“Él sabía de la existencia de esa audiencia y esa orden de detención evidentemente. Él compareció en dependencias del Servicio de Impuestos Internos en el edificio de la delegación preisdencial, y se nos informó como Fiscalía de su asistencia al lugar, razón por la que se coordinó de forma inmediata la concurrencia de personal policial”, contó.

El imputado lleva varios días tras las rejas en el Complejo Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt.

Cabe recalcar que Jaramillo ya fue condenado por fraude al Fisco en 2011 por hechos cometidos entre 2005 y 2007, cuando, utilizando el mismo mecanismo, generó un perjuicio al Estado por $700 millones de pesos.